El emblemático collar de la justicia ya tiene un cuello donde mostrarse, un hecho que se percibe en el ambiente de los tribunales. A partir del lunes, las actividades judiciales se reinician, incluyendo la revisión de los primeros recursos y objeciones contra la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional.
Juan Carlos Campo, antiguo Ministro de Justicia, será excluido de los debates, según informan fuentes internas del tribunal. A partir de esa decisión, se comenzará a analizar la ley que volverá a situar al tribunal en el centro de atención.
Cándido Conde-Pumpido, presidente del tribunal, ha solicitado recientemente mucho respeto. La semana pasada estuvo llena de eventos judiciales contemplados como ‘saraos’ en los que los jueces interactuaban entre ellos y discutían con periodistas. Con el recién renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las carreras de los magistrados más destacados vuelven a acelerarse. Isabel Perelló, la nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, genera tanto ilusión como expectativa sobre cómo manejará las negociaciones de más de 100 posiciones que deben ser renovadas en la cima del sistema judicial. «Ya todos estamos en el camarote de los hermanos Marx», comentaba una fuente del Tribunal Constitucional al referirse a la llegada de José María Macías. Ahora, el tribunal cuenta con 12 jueces, en lugar de 11, quienes tendrán que abordar un nuevo mandato lleno de sentencias de alto perfil, incluyendo la de la Ley de Memoria Histórica y la Ley Trans. Con la entrada de un nuevo miembro conservador, la distribución de los bloques del tribunal cambiará ligeramente. «Ahora será 7-5 en lugar de 7-4», bromeaba un juez en relación a esta nueva configuración.
El presidente Conde-Pumpido muestra descontento con algunas opiniones y pone en la mira las críticas externas, ejecutando su defensa tanto en espacios públicos, como sucedió el viernes pasado durante la juramentación de Macías donde expresó que «El tribunal necesita y exige respeto político e institucional máximo para su independencia y decisiones», como en privado. Defiende a todos los funcionarios enfáticamente, asegurando que no existen dudas sobre su reconocida reputación, y como prueba de su valía, la mitad de estos han sido miembros del CGPJ, una posición aprobada por el Parlamento. Algunos comparan la siguiente sesión que empieza este martes con el inicio de la temporada taurina. «He estado en la arena taurina durante muchos años», afirmaba un miembro. El inicio de la sesión se anuncia con un tema principal: la ley de amnistía. No se esperan grandes discrepancias en este primer pleno, según pronósticos de varias fuentes internas. Campo busca distanciarse debido a su participación en la preparación de los indultos mientras era ministro de Justicia y se espera que sus colegas voten a favor. «Pero no van a permitir que nadie más se excluya», advierte una fuente.
Esta difícil balanza es crucial para el recurso que el Partido Popular ha presentado contra la ley, el cual se revisará el 24 de septiembre. El partido ha indicado su objetivo de recusar a Laura Díez, por su previo servicio en el equipo del ministro Félix Bolaños, y al mismo Pumpido ya que él tomó un paso al lado durante la etapa de recursos finales del Procés. Sin embargo, fuentes del tribunal sostienen que no ven razones suficientes para que estos dos magistrados no puedan participar en la deliberación. Algo similar sucede con Macías quien ha manifestado públicamente su percepción de la inconstitucionalidad de la ley, aunque él mismo no ve esta postura como un motivo sólido para excusarse.
La ponencia del recurso del Partido Popular (PP) ha recaído en él, mientras que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, que se aceptará este martes y argumenta que la norma de absolución infringe un principio fundamental en la Constitución (la igualdad entre todos los ciudadanos españoles), ha sido asignada a Ricardo Enríquez. Por otro lado, Laura Díez va a encargarse de la ponencia del recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Aragón. Se sabe que Madrid y otras regiones gobernadas por el PP han anunciado que presentarán un recurso, aunque tienen hasta el 11 de septiembre para hacerlo de manera oficial. Este será el punto de inicio para determinar cuántos fallos surgirán de esta ley. El proceso de admisión será sencillo; lo difícil será cuando se comience a analizar el meollo del asunto. Según las fuentes consultadas, esto puede llevar «de seis meses a un año». Mientras tanto, la Fiscalía solo deberá opinar sobre la cuestión de inconstitucionalidad, no sobre los recursos, ya que así lo establece la norma. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también programará su primera reunión con la presidenta para esta semana, probablemente este viernes o el próximo lunes. En esa reunión inicial, Perelló deberá sugerir su candidato para la vicepresidencia del tribunal superior. El sector conservador ha expresado su deseo de conservar el control y que, con una presidencia progresiva, el ‘número dos’ sea de su tendencia. Fue interesante observar cómo la semana pasada, el Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, elogiaba a la jueza «con un marcado énfasis progresista» a quien «ya conocía» de antes, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ufanaba del hecho de que Perelló pudiera haber estudiado en la misma universidad que él en Santiago de Compostela.
La candidata que ha sido elogiada por todos no solo por su empatía y discreción, sino también por su directa autodescripción, ha mostrado una postura tajante hacia los políticos en su discurso anterior. Declaró que ninguna autoridad estatal tiene derecho a dirigir o aconsejar a los jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar el sistema jurídico, algo que fue muy apreciado en el Tribunal Supremo. “Mostró mucha valentía, es lo que necesitábamos”, así lo comentaba un juez de la Sala Penal. Ahora su habilidad para negociar se pondrá a prueba.
Durante el día de su toma de posesión, una periodista preguntó sobre cómo había sido la relación con todos los miembros, a lo que uno de ellos respondió: «Intrincada». Las relaciones entre progresistas y conservadores son tensas, y todos reconocen que es el momento de desafiar los límites de una institución que aspiran a respetar nuevamente. Un temor que algunos miembros conservadores han expresado en secreto es la posible influencia que la Ministra de Defensa, Margarita Robles, pueda poseer sobre ella. No es solo que ambas se hayan conocido en Barcelona y hayan dictado sentencias en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es que son «muy amigas», hasta el punto de que Robles es la madrina de la hija de Perelló. Esto es lo que comentan quienes las conocen, aunque hay quienes desconfían de cualquier influencia y sostienen que la nueva presidenta del CGPJ no se compromete con nadie y no es «nada sectaria».
