En medio de un intenso debate político, los jueces españoles enfrentan acusaciones de instrumentalización. ¿Están actuando con independencia o son parte de una estrategia?
En los últimos días, el término lawfare ha cobrado especial relevancia en el panorama político español. Mientras algunos sectores lo utilizan para criticar lo que consideran una persecución judicial contra determinados miembros del gobierno, otros lo ven como un intento de deslegitimar la labor de los jueces.
Este debate no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en un contexto de múltiples investigaciones judiciales que involucran a figuras políticas.
El magistrado Joaquim Bosch y el catedrático Fernando Jiménez han abordado este tema en su reciente libro La corrupción en España: un problema enquistado.
Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, señala que la corrupción es un crimen sin cadáver lo que dificulta su combate y percepción por parte de la ciudadanía.
El lawfare como arma política
La acusación de lawfare ha sido utilizada en varios contextos, pero en España ha ganado terreno en los últimos años. Según algunos analistas, se trata de una estrategia para desviar la atención de los hechos concretos y presentar las investigaciones judiciales como una maniobra política. Sin embargo, los jueces ven esta acusación como un invento político inoculado en la sociedad.
En un momento en el que varias figuras cercanas al gobierno enfrentan procesos judiciales, la maquinaria demoscópica oficial ha puesto el foco en la percepción ciudadana de la justicia. Esto ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y la politización de las instituciones.
La confianza en los jueces
Pese a las acusaciones de lawfare, la ciudadanía española sigue confiando en sus jueces. Según varios estudios, los ciudadanos valoran la independencia y el sometimiento exclusivo al imperio de la ley como pilares fundamentales de la justicia. Sin embargo, esta confianza puede verse erosionada cuando la política intenta colonizar el relato judicial.
La palabra lawfare se ha convertido en una etiqueta cómoda para evitar el análisis jurídico y sustituir la argumentación por la sospecha. Esto es incompatible con una democracia madura, donde la crítica jurídica exige rigor y fundamentación.
La justicia como institución esencial
La justicia molesta a quien vulnera la ley, incumple sus deberes o teme responder por sus actos. En este sentido, la separación de poderes es fundamental para garantizar la libertad y el Estado de Derecho. Montesquieu dejó escrita una advertencia que conserva plena vigencia: No hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo.
En un contexto de creciente polarización política, es crucial defender la independencia judicial y recordar que el Estado de Derecho no existe para proteger al poder de los jueces, sino para proteger a los ciudadanos frente al poder. La justicia sigue siendo una institución esencial para la democracia, y su autoridad moral debe ser respetada y protegida.
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