Emiliano García-Page anticipó que estaría considerando la posibilidad de disputar la ley de amnistía, una norma crucial de esta legislatura que facilitó la toma de posesión de Pedro Sánchez. Ya cuenta con una decisión y la materializó este lunes: su Administración, la de Castilla-La Mancha, introdujo electronicamente su objeción contra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) este lunes.
La norma fue promovida por su partido, el PSOE, y ha estado en vigor desde el 11 de junio pasado. Por lo tanto, el líder socialista se une a las disputas presentadas por varios gobiernos autónomos del PP y por el liderazgo nacional de Alberto Núñez Feijóo.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha decidió impugnar la amnistía el 30 de julio pasado tras recibir la aprobación del Consejo Asesor regional. Esta decisión fue materializada este lunes, según lo revelado por la vocera del gobierno regional, Esther Padilla, durante una declaración a los medios en Villarrubia de Santiago (Toledo).
El Gobierno regional recuerda que el Consejo Asesor presentó un informe «enérgico» sobre la «legitimidad» del Gobierno para disputar la ley y respecto al contenido de la misma.
La asesora de Page sostuvo que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha había dado un «informe muy enérgico respecto a la legalidad de la comunidad autónoma para interponer ese recurso de inconstitucionalidad y también en relación al contenido de la ley». Asimismo, rememoró que el órgano asesor del gobierno regional —equivalente al Consejo de Estado— subrayó que la de amnistía es «una ley inconstitucional ya que infringe el principio de igualdad entre los ciudadanos, entre los españoles». Este principio de igualdad se encuentra consagrado en el artículo 14 de la constitución. El Consejo Consultivo también entendió que la ley infringía los principios de la prohibición de la arbitrariedad y que se debería haber realizado una reforma constitucional para su puesta en marcha, informa EFE.
Padilla añadió que «dentro de esa autoridad» que posee la Junta «y de lo revelado por el presidente de Castilla-La Mancha», se solicitó al Gabinete Jurídico de la Junta la elaboración de ese recurso de inconstitucionalidad que se realizó este lunes de manera electrónica ante el TC.
La fecha límite era el miércoles 11.
El Partido Popular presentó su queja ante el Tribunal Constitucional la semana pasada, a la que varias comunidades gobernadas por el mismo partido, incluyendo Madrid, Andalucía, Aragón y Cantabria, se unieron este lunes. La Generalitat Valenciana aprobó también su queja este lunes por la tarde, y se espera que otras comunidades del PP lleguen al tribunal superior el martes, justo en los plazos establecidos. Con respecto a Castilla-La Mancha, fuentes gubernamentales destacan que presentaron su apelación a las 9 de la mañana, antes del anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Declararon que no han colaborado con el PP en sus decisiones y que no son influenciados por Ferraz o Génova. El documento fue registrado el lunes 9 de septiembre, ya que el último día para hacerlo era el miércoles 11, tres meses después de que la ley entrara en vigor.
Desde el entorno del presidente Page, se enfatiza que no ha habido coordinación con el PP, y que ni Ferraz ni Génova influyen en sus decisiones.
Esta posición política marca un nuevo quiebre entre Page y Ferraz, y el Gobierno en general. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha siempre se opuso a las acciones de gracia y las condenó. Esta postura se extiende ahora a la «financiación única» para Cataluña, que ve con gran preocupación, calificándola de «cheque independentista».
La consejera de Castilla-La Mancha dio sus declaraciones después de las de Ayuso. En un encuentro matutino en la capital, la famosa baronesa divulgó que su gobierno presentaría ese lunes su oposición a la ley de amnistía, además de impugnar a los jueces Juan Carlos Campo —que ya se autoexcluyó de las deliberaciones—; Cándido Conde-Pumpido, lider del TC, y Laura Díez, antigua miembro de la Moncloa, «debido a su reconocida relación con el PSOE» que, en palabras de la lideresa madrileña, les «impide» «evaluar la constitucionalidad» de la ley, según EFE. Por otro lado, el gobierno de Castilla-La Mancha no ha solicitado la recusación de ningún integrante del tribunal de garantías.
Ayuso describió la amnistía como una ley «redactada al mandato de aquellos que intentaron hacer un golpe en Cataluña, una norma arbitraria e inconstitucionalmente obscena». Es «otro paso más» de Sánchez en su empeño por «desmantelar el estado de derecho con el fin de mantenerse en el poder a duras penas».
Además, Ayuso informó hoy su objetición y la impugnación de tres jueces del TC: Campo, Conde-Pumpido y Díez.
El gobierno regional obtuvo también el respaldo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para presentar la objeción en una estrategia conjunta liderada por el grupo de Feijóo y apoyada por las 11 regiones gobernadas por el PP. «Ni el PP ni la Comunidad de Madrid íbamos a ignorar el acto más grande de corrupción política en la historia de nuestra democracia. Una ley redactada al mandato de aquellos que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña», manifestó.
