Relato de la jornada judicial en la que se examinan audios de la UCO, las prácticas de pagos en efectivo en el PSOE y las versiones contrapuestas de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama
La sesión en el Tribunal Supremo que concentró atención política y mediática trazó un paisaje de contrastes: por un lado, las explicaciones del exministro José Luis Ábalos; por otro, las acusaciones del empresario Víctor de Aldama y las revelaciones del exasesor Koldo García.
El intercambio de versiones puso sobre la mesa documentos, mensajes y un audio de la UCO cuya reproducción en sala fue objeto de intenso debate. Entre los asuntos que han marcado la jornada, destacan las referencias a pagos en metálico, la gestión de gastos del partido y la presencia de chóferes contratados desde fuera de la estructura orgánica del PSOE.
El proceso contó con episodios procedimentales relevantes: la incorporación de pruebas documentales, posicionamientos de la Fiscalía y la solicitud de atenuantes por parte de las acusaciones populares. Además, se recuperaron antecedentes sobre contrataciones de chóferes externos —un punto que, según la investigación, servía para eludir controles internos— y comentarios que utilizan eufemismos para referirse a entregas de billetes. Todo ello situó la audiencia en una dimensión tanto técnica como política, con implicaciones para dirigentes del partido.
Los protagonistas y sus versiones
En el centro del relato figuró José Luis Ábalos, que negó categóricamente haber recibido pagos de Víctor de Aldama y defendió que su relación con el empresario fue siempre distante. Ábalos explicó que delegó la gestión de los gastos del partido en la gerencia y, de forma más próxima, en Koldo García, a quien reconoció haber encargado tareas de control pero sin admitir transferencias irregulares. Por su parte, Aldama y Koldo aportaron versiones que apuntan a flujos en efectivo y a prácticas de financiación híbrida, con referencias explícitas a la posible existencia de una organización criminal según la interpretación de algunas acusaciones.
La figura de los chóferes externos
Entre los elementos menos técnicos pero con fuerte carga probatoria surgió el uso de chóferes contratados ajenos a la plantilla del partido. Según la investigación, Koldo García fue el primer conductor externo remunerado desde las arcas del PSOE; además, se documentó que otros responsables, como Santos Cerdán, habrían contratado chóferes de confianza —por ejemplo, una persona identificada como Javier— fuera del circuito orgánico para evitar controles internos. Ese patrón fue descrito como una forma de opacidad operativa que complicaba la trazabilidad de pagos y desplazamientos.
Pruebas y controversias procesales
La fase documental del juicio quedó marcada por el enfrentamiento sobre la reproducción de un audio incluido en un informe de la UCO. La defensa de Aldama consideró la grabación esencial para reforzar la credibilidad de su cliente, mientras que la defensa de Koldo alegó que su reproducción era irrelevante y mezclaba asuntos investigados en otras causas, como supuestos amaños de obra pública o fraudes en IVA de hidrocarburos. Finalmente, el tribunal autorizó la reproducción, argumento que la fiscalía respaldó al estimar que la pieza no generaba indefensión y que aportaba contexto a la presunta trama.
Posición de la Fiscalía y peticiones de pena
En el plano penal, la Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal jefe Alejandro Luzón, mantuvo peticiones de condena significativas para los acusados principales, mientras que algunas acusaciones populares anunciaron modificaciones puntuales en sus escritos. En concreto, se informó de un intento de rebajar la petición de pena para Aldama al reconocer una atenuante “muy cualificada”, y de la intención de aplicar la atenuante de confesión por su colaboración. No obstante, la Fiscalía General ordenó mantener la solicitud de siete años de prisión para Aldama, una instrucción que Luzón tuvo que acatar por la estructura jerárquica del Ministerio Público.
Balance y preguntas abiertas
Durante su declaración, Ábalos sostuvo que los pagos en efectivo respondían a una cultura de partido y defendió que no gestionaba directamente esos fondos, delegando en la gerencia y en Koldo. Admitió además una deuda personal con su exasesor cercana a los 33.000 euros, pero cuestionó la interpretación de los informes que estiman incrementos de ingresos en efectivo entre 2018 y 2026. El fiscal respondió recordando que la ausencia de grandes cuentas bancarias no excluye el uso generalizado del efectivo, y que las inferencias derivadas de la documentación requieren contraste judicial.
Impacto político
Más allá del apartado penal, el caso tiene efectos políticos: se puso en cuestión la transparencia interna del PSOE, la comunicación sobre auditorías internas y la presencia de líderes del partido en el relato público. En la vista también se reiteraron acusaciones contra la cúpula política, incluida una afirmación reseñada en sala que sitúa a Pedro Sánchez en la cúspide de una supuesta estructura, extremo que los defensores de los señalados rechazan y que será objeto de valoración judicial. La instrucción y el juicio siguen acumulando episodios que deberán resolverse con pruebas y argumentaciones más allá de la retórica pública.
