El ministro Félix Bolaños ha iniciado acciones legales contra Víctor de Aldama por lo que califica como vulneración del derecho al honor, después de acusaciones públicas sobre intento de compra de silencio.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llevado a los tribunales al empresario Víctor de Aldama por declaraciones públicas en las que, según el demandante, se le atribuyó falsamente un intento de soborno para «comprar su silencio».
La demanda, presentada la semana previa al anuncio público y registrada ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, solicita una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios y pide que se reconozca la vulneración del derecho al honor del ministro.
La querella llega tras episodios mediáticos en los que Aldama vinculó, en programas de televisión y en la red social X, a Bolaños con gestiones para ofrecerle dinero a cambio de silencio. El ministro ha sostenido que no conoce al empresario, que nunca ha hablado con él y que «no tiene ni su móvil», argumento que figura en el escrito judicial. A su vez, el caso se enlaza con las comparecencias de Aldama en el juicio por mascarillas: el empresario declaró ante el Tribunal Supremo el 29 de abril y apuntó a otras figuras políticas sin mencionar a Bolaños en ese acto.
Motivos y alcance de la demanda
En el documento presentado ante el juzgado, Bolaños reclama que se declare la existencia de una intromisión ilegítima en su honor por las afirmaciones difundidas en distintos canales. El escrito subraya que las manifestaciones de Aldama carecen de «prueba ni fundamento» y atribuye un fin espurio a la intención de implicar al ministro en hechos con los que no guarda relación. Además de la indemnización económica, la demanda exige que Aldama se abstenga de reproducir tales afirmaciones y que publique el fallo especialmente en X, para reparar el daño reputacional.
¿Qué pruebas aporta cada parte?
Según la querella, la única evidencia que Aldama ofrece para demostrar un trato personal es una fotografía tomada en una celebración que el empresario organizó en un restaurante el 8 de diciembre del 2019, con motivo de un cumpleaños del exministro José Luis Ábalos. Bolaños reconoce su asistencia a esa fiesta, pero argumenta que coincidir en un evento multitudinario no implica relación alguna. El ministerio añade que Aldama, en una entrevista en la Cope del 27 de noviembre de 2026, admitió «no conocerle de nada», dato que la demanda utiliza para poner en duda la veracidad de sus posteriores acusaciones.
Contradicciones y cronología de las declaraciones
El escrito judicial repasa las versiones públicas de Aldama: primero negó vínculos con el ministro y después, en declaraciones en febrero del 2026 en Telemadrid, afirmó que Bolaños contactó con su jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecer dinero. El ministro califica esa versión como «completamente falsa» y anticipa que Aldama será incapaz de aportar prueba alguna que justifique sus afirmaciones. La demanda también recuerda la estancia provisional en prisión del empresario entre octubre y noviembre del 2026, contexto que, según la parte demandante, no legitima ataques infundados en los medios.
Repercusiones políticas y mediáticas
Las acusaciones tuvieron eco en redes y partidos. El Partido Popular compartió las versiones de Aldama y exigió a Bolaños respuesta judicial si las afirmaciones eran inciertas, lo que precipitó la acción legal. En la demanda, el ministro ancla su petición en la necesidad de proteger la seriedad del Estado de derecho y la confianza en el sistema judicial frente a lo que califica como «difamaciones y mentiras». El procedimiento civil abierto busca, además de reparación económica, frenar la difusión de rumores que afectan a la vida pública.
Posibles consecuencias jurídicas
Si el tribunal estima la demanda, Aldama podría ser condenado al pago de la indemnización reclamada y a la publicación del fallo en medios digitales, incluida X. La acción de Bolaños se articula como una demanda por protección civil del derecho al honor, figura que exige acreditar la falsedad y el perjuicio. El caso seguirá su curso en la jurisdicción competente y, en paralelo, alimentará el debate sobre el uso político de acusaciones en espacios mediáticos y el límite entre libertad de expresión y responsabilidad civil.
