Miles de manifestantes ocupan plazas españolas para obligar al Gobierno a aprobar el decreto que protegerá a los más vulnerables.
El caso de Maricarmen una anciana de 87 años desalojada de su vivienda de toda la vida en la Puerta del Sol, ha encendido la mecha de una ola de protestas que hoy recorren las principales ciudades de España. Desde el miércoles pasado, cuando la autoridad ejecutó el desalojo, los grupos de inquilinos y activistas han montado acampadas y concentraciones para presionar al Ejecutivo a aprobar un real decreto que impida nuevos desalojos a personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028.
La expansión de la movilización nacional
En la madrugada del 29 de septiembre de 2026, cerca de una mil personas permanecieron en la Puerta del Sol, tercera noche consecutiva, tras instalar tiendas de campaña alrededor de la Real Casa de Correos, que la Policía Nacional acordonó para evitar el acceso a los manifestantes.
En Sevilla, unos 50 ocupantes instalaron veinte carpas bajo las escaleras de Las Setas en la Plaza de la Encarnación, mientras en Palma de Mallorca una veintena de activistas erigieron ocho tiendas en la Plaza de la España, en señal de solidaridad con la protesta madrileña.
Barcelona vivió una de las concentraciones más masivas: según la Guardia Urbana, alrededor de 2.000 personas (cifra que los organizadores elevan a 20.000) bloquearon la Diagonal frente al Palacio de Congresos, donde se entregaban los Premios Vanguardia. En Málaga, mil manifestantes se agruparon frente al Ayuntamiento y, tras una breve tensión con los Mossos d’Esquadra, tendieron una decena de carpas en la Plaza de la Constitución bajo el lema «Ni una Maricarmen más». En Santiago de Compostela, cientos de jóvenes realizaron una sentada en la intermodal exigiendo «casas para vivir, no para invertir».
El borrador del «decreto Maricarmen» y su contenido
El Gobierno, bajo la presión de estos movimientos, tiene previsto presentar este martes en el Consejo de Ministros un decreto ley que recoge varias medidas: prohibición de desalojos de personas vulnerables hasta el año 2028, endurecimiento de los requisitos para los alquileres temporales y la concesión de bonificaciones fiscales tanto a propietarios como a inquilinos. El texto también contempla una prórroga de dos años en los contratos de alquiler y la asignación de prioridad a los inquilinos cuando un fondo pretenda adquirir una vivienda.
Desde su aprobación en 2023, la ley de vivienda ha provocado una caída del 20 % en la oferta de alquiler permanente, según Idealista, y ha introducido límites de precios en 317 municipios catalogados como zonas tensionadas. El nuevo decreto busca, entre otras cosas, revertir esa contracción y frenar la especulación inmobiliaria que alimenta la crisis actual.
Reacciones de la esfera política y social
Pedro Sánchez, durante la gala de los Premios Vanguardia, lanzó un llamado a los partidos parlamentarios para que den «sentido de Estado» y aprueben el texto, describiéndolo como un acto de «verdadero patriotismo». En el Parlament catalán, Salvador Illa abrió el debate de política general señalando la vivienda como eje prioritario, mientras se menciona el posible retorno de Carles Puigdemont como factor de presión. El Papa León XIV, en comentarios recogidos por Efe, instó a los dirigentes a buscar soluciones sistémicas al problema de la vivienda.
La cantante Amaia Romero, galardonada en la misma noche, entregó al presidente un cartel con el mensaje «Decreto Maricarmen», simbolizando la demanda ciudadana. La acción subrayó la convergencia entre cultura y protesta, mientras la sociedad civil continúa ejerciendo presión para que el Gobierno cumpla sus promesas.
