Este jueves, el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, presidirá la última sesión del debate sobre política general, donde se discutirán y votarán diversas propuestas de resolución elaboradas por los distintos grupos parlamentarios. La reunión dará inicio a las 17:00 horas, y cada partido contará con un tiempo de 10 minutos para presentar sus posiciones.
Entre los temas destacados se encuentran el referéndum, la amnistía, la financiación y el uso del catalán.
El grupo de ERC abogará por un referéndum, que consideran la mejor solución para el conflicto político actual. En su propuesta, también piden la implementación completa de la amnistía, así como un sistema de financiación específico y la creación de una Agencia Tributaria de Catalunya que se encargue de recaudar el IRPF a partir de 2026.
Además, los republicanos desean reintegrar el decreto que regula los alquileres temporales y por habitaciones, así como asegurar la vigencia de la Ley catalana de 2022, que fue parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional. También buscan que el Parlament urge al Gobierno a seguir con la Oficina del Plan Piloto de Renta Básica Universal.
Dentro de las propuestas que se someterán a debate y votación, ERC sugiere que el Parlament respalde el modelo de escuela catalana, donde el catalán se considera la lengua «propia» y se utiliza fundamentalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo, así como en la integración de nuevos estudiantes.
El grupo encabezado por Jové y Marta Vilalta busca que el pleno del Parlament solicite al Govern de Salvador Illa que implemente las acciones «indispensables» para asegurar la continuidad de las modificaciones realizadas en la legislación catalana para abordar la crisis de vivienda en 2022, que han sido anuladas recientemente por el Tribunal Constitucional.
Por su lado, ERC desea que el Parlamento inste al Gobierno a avanzar con el desarrollo legislativo necesario para garantizar el derecho a una vivienda digna y asegurar la correcta aplicación de las restricciones en los precios de los alquileres.
Además, el grupo republicano propone reintegrar, antes de que finalice el año 2024, el contenido del Decreto Ley 6/2024, del 24 de abril, que establece medidas urgentes en el área de vivienda; con la finalidad de subsanar los vacíos en la legislación estatal sobre el derecho a la vivienda, en lo que respecta al alquiler temporal y el uso de habitaciones, así como establecer un sistema de sanciones.
Finalmente, los republicanos hacen hincapié en la necesidad de que la cámara exhorte al Govern a luchar «activamente» contra los discursos de odio que surgen de partidos de extrema derecha y a promover acciones contra el racismo, el fascismo y cualquier forma de discriminación, reforzando las iniciativas a favor de los derechos feministas, LGBTI+, antirracistas y de derechos humanos.
Junts se enfocará en promover la amnistía
Junts solicitará que el Govern de Illa «inicie acciones legales frente a las autoridades judiciales que se oponen a la implementación de la ley de amnistía». Este planteamiento se encuentra en una propuesta de resolución presentada durante el debate de política general, que también pide al presidente de la Generalitat que «no establezca relaciones normativas» con el rey Felipe VI hasta que este no «ofrezca disculpas» por su discurso del 3-O. Adicionalmente, el partido de Carles Puigdemont aboga por un «concierto económico» que esté al margen de la LOFCA. Este acuerdo debería incluir «una metodología para establecer la cuota que la Generalitat deberá abonar al Gobierno» en relación a los servicios prestados, así como una «aportación solidaria» que se decida «exclusivamente» desde Cataluña.
Además, Junts propone expandir el techo de gasto a un tercio en el ámbito del Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos, lo cual, según sus cálculos, podría significar 2.100 millones de euros extra para la Generalitat. Igualmente, piden que se condone el 100% del FLA de forma urgente para mitigar el déficit en inversiones y ejecución, y que el Gobierno realice y difunda anualmente las balanzas fiscales.
En cuanto a las medidas sobre vivienda que incluye su propuesta de resolución, destaca la creación de bonificaciones fiscales «en contratos de alquiler de temporada que ajusten su precio al índice de referencia, con un límite máximo del 30%». Asimismo, se insta al Govern a bonificar en un 99% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda por personas menores de 39 años, establecer un aval juvenil y reducir el IVA en las viviendas de nueva construcción.
En relación a la vivienda, el documento señala que las competencias son exclusivamente de la Generalitat y exhorta al Govern a «elaborar con urgencia un marco normativo integral que proporcione las herramientas necesarias para enfrentar la actual crisis habitacional». Asimismo, pide al Gobierno que, de forma inmediata, transfiera a la Generalitat y a los municipios los terrenos residenciales, solares y viviendas en manos de la Sareb.
En el ámbito fiscal, se sugiere «evaluar la eficacia y justicia de la actual cesta de impuestos» y se propone deflactar todos los tramos del IRPF.
Respecto a la lengua, la resolución de Junts «reconoce» el estado de «emergencia lingüística» del catalán y solicita a la Generalitat que otorgue al nuevo Departamento de Lingüística un presupuesto y estructura propios, diferentes de los que tiene Cultura. Igualmente, exige al Govern que se asegure de que «los ciudadanos de Catalunya puedan vivir plenamente en catalán», demandando que los funcionarios públicos «posean el nivel requerido». También piden al Ejecutivo que intervenga en casos de discriminación lingüística.
Por otro lado, en la propuesta referente al «reto demográfico», el partido «expresa la urgencia de gestionar integralmente las competencias en inmigración», solicitando al Gobierno la creación de una Agencia Catalana de la Inmigración, tal como se detalla en las ponencias que Junts discutirá en su congreso. Además, exigen que en un plazo no mayor a 3 meses se inicien las gestiones para redactar un nuevo Pacto Nacional por la Inmigración.
Referente a las infraestructuras, el partido independentista solicita al Govern que gestione con el Gobierno el completo traspaso del aeropuerto de El Prat, así como de otros aeropuertos en Catalunya que sean de interés general. También piden la delegación de las competencias hídricas en toda la región de Catalunya, asegurando los recursos económicos necesarios para ello.
El PP busca establecer un nuevo sistema de financiación
El PPC presentará en el debate de política general la propuesta de que el Gobierno colabore con las comunidades autónomas para crear un nuevo modelo de financiación, el cual consideran que debería acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Adicionalmente, demandan que la Generalitat inste al gobierno español a convocar urgentemente la Conferencia de presidentes autonómicos. El PPC ha presentado una propuesta de resolución para que el Govern before de finalizar octubre el proyecto de ley de presupuestos, mientras que en el ámbito fiscal reclaman reducir impuestos y eliminar el impuesto de sucesiones y el de patrimonio.
En cuanto a las infraestructuras, buscan que el Govern finalice el recorrido de la B-40 y formalice el acuerdo para extenderla hasta Granollers como una vía de alta capacidad; además, quieren que se apruebe el Plan Director Urbanístico del Hard Rock antes de que acabe el 2024 y que se aceleren las gestiones de la comisión técnica para la expansión del aeropuerto.
Respecto a la sequía, sugieren destinar 100 millones de euros de los próximos presupuestos para impulsar la construcción de plantas potabilizadoras en Bon Pastor y Montcada i Reixac, así como desarrollar la interconexión entre la Red del Consorcio de Aguas de Tarragona y el sistema Ter Llobregat.
En el sector de la salud, el PPC tiene la intención de aumentar el presupuesto destinado a políticas sanitarias en 5.000 millones en los próximos cuatro años, con el fin de asegurar que los servicios de salud estén adecuadamente dotados para brindar atención de calidad a la población. Además, se propone que al menos un 25% del gasto en salud se dirija a fortalecer la atención primaria.
Por otro lado, los populares plantean establecer un fondo extraordinario de 150 millones de euros con el objetivo de mejorar los recursos de las policías municipales y sugieren al Gobierno que solicite a la Moncloa que la reincidencia en múltiples delitos sea motivo de deportación para los extranjeros.
En cuanto a la vivienda, el PPC solicita impulsar la edificación de 50.000 viviendas en Cataluña en los próximos cuatro años, a través de acuerdos con el sector privado y con administraciones locales. También demandan que el Gobierno implemente la oficina «anti-okupa» que fue aprobada por el Parlament.
En otro ámbito, la CUP ha presentado una propuesta para el debate de política general, buscando que el Parlament inste al Govern a establecer regulaciones sobre los precios de los alquileres. Esta iniciativa del grupo ‘anticapitalista’ incluye una atención urgente a la regulación del alquiler temporal y de habitaciones, así como la formalización de una regulación indefinida de estos contratos. Adicionalmente, la CUP exige que el ejecutivo ponga en marcha en seis meses un programa piloto de Renta Básica Universal y pide al Govern que no amplíe las terminales vinculadas al transporte aéreo y marítimo para fines turísticos, proponiendo en su lugar limitaciones a esta actividad.
El colectivo liderado por Laia Estrada hace un llamado al Govern para que se prohíban los jets privados en el espacio aéreo de Cataluña y para que se implemente un impuesto que grabe el combustible utilizado por las aerolíneas. En un primer momento, la CUP había propuesto restringir los vuelos, tanto nacionales como internacionales, a aquellas rutas que no cuenten con alternativas en tren y cuya duración no supere las 6 horas; sin embargo, esta propuesta no se ha incorporado a la PR que se ha registrado finalmente.
Además, la CUP busca anular los fondos destinados a la promoción del turismo internacional, así como frenar iniciativas que busquen atraer a nuevos turistas, incluyendo el proyecto del Hard Rock.
En un enfoque diferente, la CUP plantea que el Parlament reconozca que la resolución del conflicto político debe llevarse a cabo en un entorno de negociación internacional, resultando de una ruptura democrática previa, con el Gobierno actuando como mediador junto a la movilización social, siguiendo el ejemplo del 1-O y el 3-O de 2017. Asimismo, se espera que el Parlament inste al Gobierno de Salvador Illa a clausurar la oficina de Acció en Tel Aviv (Israel).
Por último, la CUP propone que el Parlament exhorte al Govern a establecer un Observatorio sobre la Ley de Amnistía y hace hincapié en la necesidad de disolver las unidades actuales de BRIMO y ARRO en los Mossos d’Esquadra.
El PSC propone discutir la recaudación de impuestos
El PSC ha presentado una iniciativa ante el Parlament para que se inste al Gobierno a desarrollar un modelo de financiación nuevo, que sea solidario y singular, donde la Generalitat se encargue de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Los socialistas abordarán en el debate de política general el acuerdo alcanzado con ERC sobre este nuevo enfoque de financiación. Además, el PSC busca que el Gobierno inicie un diálogo con los diversos actores políticos y sociales de Cataluña para «crear una solución consensuada al conflicto político, basada en un amplio acuerdo social» y que «trate los temas fundamentales que han dado origen a esta situación».
En cuanto a la salud pública, abogan por la implementación del pacto nacional de salud mental y la progresiva creación de un servicio psicológico gratuito sin necesidad de cita previa, comenzando en localidades con más de 50,000 habitantes y en las capitales de comarca. También sugieren la expansión de la cartera de servicios en el área de salud bucodental y proponen una equiparación gradual de las condiciones laborales para todas las empresas públicas de la Generalitat con el ICS.
Respecto a las infraestructuras, el PSC desea que el Gobierno implemente el traspaso de Rodalies y establezca una nueva operadora entre 2024 y 2025; se centra en las primeras infraestructuras programadas para 2025, especialmente la R1, y solicita al Estado revisar el Plan de Rodalies 2025-2030 durante el tercer trimestre de 2025.
El PSC propone acelerar la implementación de energías renovables con el objetivo de que estas representen el 50% del consumo energético para el año 2030. En materia de sequía, se impulsarán infraestructuras de desalinización clave para mejorar la resiliencia ante futuros desafíos hídricos, incluyendo la expansión de la planta de Tordera II y la construcción de nuevas instalaciones en Foix y la Costa Brava-Nord.
En el ámbito de la vivienda, el PSC desea que el Govern adopte la legislación española relacionada y regule tanto los alquileres de temporada como los habitacionales. En el sector educativo, la propuesta incluye la creación de un conjunto de iniciativas que garanticen el éxito académico, reduzcan el fracaso escolar y eviten el abandono de los estudios.
Asimismo, los socialistas sugieren aumentar el número de Mossos hasta alcanzar 22,006 agentes para 2030, así como 3,300 artificieros para 2028 y 900 agentes rurales. También plantean la necesidad de una nueva legislación que regule el sistema policial en Cataluña. Además, el PSC presenta una resolución enfocada en combatir los discursos de odio, solicitando que el Parlament promueva un pacto nacional y establezca una comisión dedicada al estudio del tema.
Por otro lado, los Comuns han planteado que en el próximo debate de política general, se excluya el proyecto de expansión del aeropuerto de El Prat y que no se fomente la llegada del Hard Rock. Quieren que la ejecución gubernamental limite el crecimiento del Puerto de Barcelona en 2025, desincentive los cruceros que realicen escalas en la ciudad y establezca un máximo de visitantes, además de rediseñar las terminales.
En el ámbito habitacional, el DPG planteará la necesidad de reactivar el decreto que regula los alquileres temporales y desarrollar una normativa específica para facilitar la participación ciudadana en el mercado de la vivienda. Asimismo, se solicitará al gobierno que reserve al menos 350 millones de euros en los próximos años para incrementar el número de viviendas de uso público.
