La comisión de investigación revela tensiones entre exdirigentes políticos sobre la operación Catalunya.
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Contexto de la operación Catalunya
La operación Catalunya ha sido un tema de gran controversia en la política española, especialmente en el contexto del independentismo catalán. Esta operación, que supuestamente buscaba desmantelar a los líderes soberanistas, ha sido objeto de múltiples investigaciones y declaraciones por parte de figuras clave del gobierno español.
En la reciente comisión de investigación celebrada en el Congreso de los Diputados, se presentaron dos testimonios que contrastan notablemente: el de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el del expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
Testimonio de Soraya Sáenz de Santamaría
Durante su intervención, Sáenz de Santamaría negó rotundamente la existencia de la operación Catalunya, alineándose con la postura de otros miembros del gobierno de Mariano Rajoy. Afirmó que no había ninguna estrategia para investigar ilegalmente a los líderes independentistas y que su gestión se centró en la defensa de la Constitución y la ley. Sin embargo, su testimonio fue cuestionado por varios diputados de partidos como Junts y ERC, quienes insistieron en la existencia de una policía política que operaba en la sombra.
La respuesta de Artur Mas
Por otro lado, Artur Mas ofreció un relato completamente diferente. Afirmó que la operación Catalunya no solo existió, sino que tuvo un impacto devastador en la ciudadanía catalana. Mas describió la operación como un intento de eliminar políticamente a los soberanistas, lo que consideró una violación grave de los derechos democráticos. Su intención de interponer una querella contra quienes orquestaron esta operación subraya la gravedad con la que percibe estos hechos. Según Mas, las verdaderas víctimas de esta situación han sido los ciudadanos de Catalunya, quienes se vieron atrapados en un juego político que buscaba silenciar sus voces.
La discusión en la comisión de investigación no solo pone de relieve las tensiones entre los exdirigentes políticos, sino que también plantea preguntas sobre la integridad de las instituciones democráticas en España. La acusación de que se llevó a cabo una operación clandestina para desmantelar a los líderes soberanistas resuena en un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho. La polarización política en España se intensifica con cada nuevo testimonio, y la percepción de una posible persecución política añade una capa de complejidad a la ya tensa relación entre el gobierno español y la Generalitat de Catalunya.
