Un magistrado de la Corte Suprema alerta sobre la creciente influencia de la política en las decisiones de la Corte Constitucional.
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Las discusiones en torno al Tribunal Constitucional español han cobrado nuevo impulso, especialmente tras las declaraciones de Antonio Narváez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En un evento reciente, Narváez destacó la preocupante tendencia de politización que parece estar afectando a este órgano judicial.
Subrayó que podría haber sido prudente que el tribunal aguardara una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía para los implicados en el procés antes de adoptar sus propias resoluciones.
El magistrado afirmó que existe un principio de primacía en el que la legislación europea debe prevalecer sobre las leyes nacionales que sean contradictorias.
Criticó al tribunal por lo que considera un retroceso de este principio en el contexto del procés, señalando que las acciones del tribunal parecen priorizar su propio criterio por encima del de la justicia europea.
Preocupaciones crecientes sobre la independencia judicial
Durante su intervención en la IV Jornada sobre el Estado de Derecho, organizada por el Foro Judicial Independiente, Narváez manifestó su inquietud respecto a la creciente politización en el Tribunal Constitucional. Afirmó que esta tendencia se ha intensificado con el tiempo y subrayó que la integridad del sistema judicial depende en gran medida de las personas que lo conforman, más que del sistema en sí.
Interferencia en los procesos judiciales ordinarios
Asimismo, Narváez expresó su preocupación por la intervención del Tribunal Constitucional a través del mecanismo de recurso de protección, que, según él, ha afectado el funcionamiento de los tribunales ordinarios. Señaló que esto ha resultado en la resolución de casos que deberían permanecer en el ámbito de los asuntos legales ordinarios, difuminando así las líneas entre las diferentes jurisdicciones judiciales.
Reflexionando sobre su propia experiencia, Narváez relató cómo fue recusado de manejar casos penales relacionados con el procés, debido a su afirmación de que estas acciones constituían un golpe de estado encubierto. Describió al Parlamento Catalán durante este periodo como una máquina legislativa implacable, que obligó al Tribunal Constitucional a asumir un papel similar al de un tribunal de emergencia.
Manteniendo la supremacía constitucional
El magistrado subrayó que ninguna autoridad pública, incluida la rama legislativa, está por encima de la Constitución. Afirmó con firmeza que todos los poderes públicos derivan su legitimidad del respeto a la Constitución y la ley. Narváez destacó las dos responsabilidades del Tribunal Constitucional: proteger la Constitución y preservar el orden constitucional, reiterando que todas las autoridades públicas deben cumplir con estos mandatos.
Sentencias recientes cuestionables
En sus declaraciones, Narváez analizó algunas decisiones recientes del Tribunal Constitucional, entre ellas las que respaldaron la ley de eutanasia y otorgaron personalidad jurídica a la zona ecológica del Mar Menor. Si bien reconoció la autoridad del tribunal para pronunciarse sobre estos temas, expresó su desconcierto ante ciertas conclusiones, especialmente en lo que respecta al derecho a morir, ya que consideraba que esto contradice el artículo 15 de la Constitución.
Sobre el fallo relacionado con el Mar Menor, Narváez señaló que, si bien el tribunal ha abordado tradicionalmente la protección del medio ambiente desde la perspectiva de la calidad de vida, reconocer la personalidad jurídica de un espacio natural le parecía desmesurado. Argumentó que cambios significativos en la interpretación judicial requieren una justificación exhaustiva.
Implicaciones futuras y perspectivas de expertos
De cara al futuro, Teresa Freixes, profesora de derecho constitucional, anunció que la opinión del abogado general del Tribunal Europeo sobre el procés es inminente, con una decisión esperada para principios de. Este fallo anticipado podría tener profundas implicaciones en el debate actual en torno al Tribunal Constitucional español.
Pedro Cruz Villalón, ex presidente del Tribunal Constitucional, reconoció la necesidad de que el tribunal reafirme su compromiso con la supremacía del derecho europeo. Sin embargo, advirtió que este reconocimiento conlleva el riesgo de comprometer la identidad distintiva del tribunal. Villalón subrayó la importancia de que el tribunal mantenga un alto nivel de reflexión jurídica y riqueza argumentativa, para asegurar el apoyo público y su relevancia.
Villalón concluyó que el camino para salvaguardar la integridad del Tribunal Constitucional radica en su inquebrantable búsqueda de excelencia.
