Las familias afectadas claman por justicia tras la devastadora inundación del 29 de octubre.
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El 29 de octubre de, un evento catastrófico impactó a la Comunidad Valenciana, afectando a más de 400 personas. Este desastre natural ha motivado a numerosos afectados a presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas, específicamente contra el Ministerio de Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana.
Dichas demandas se fundamentan en la falta de ejecución de obras de drenaje y en la ineficacia de las alertas de emergencia, lo que ha dejado a muchas familias en situaciones críticas.
Los reclamantes, agrupados bajo la Asociación Damnificados por la Dana de L’Horta Sud, no solo incluyen a quienes han sufrido daños materiales significativos, sino también a familiares de víctimas fatales y a personas heridas.
Se han contabilizado más de un centenar de viviendas severamente dañadas, junto con 102 automóviles y una docena de empresas que enfrentan pérdidas considerables. La cifra total de compensación que buscan asciende a 58 millones de euros, evidenciando la gravedad de los daños tanto materiales como morales.
Detalles de la reclamación
La demanda se presenta de manera administrativa, dirigiéndose primero a cada administración por separado. La Confederación Hidrográfica del Júcar figura entre los entes implicados, criticada por no haber realizado las obras de mantenimiento necesarias en los cauces que podrían haber mitigado los efectos de la inundación. Además, se señala la tardanza en el envío de alertas masivas a la población a través del sistema ES-Alert, lo que complicó la respuesta de emergencia.
El liderazgo de la reclamación está en manos de Manuel Hernández, CEO del bufete Vilches Abogados, quien ha subrayado que la situación no solo requiere atención legal, sino también un exhaustivo análisis de las responsabilidades que puedan recaer sobre las administraciones implicadas. En el evento de presentación de la demanda, Hernández estuvo acompañado por el presidente de la asociación, Cristian Lesaec, y otros profesionales del derecho.
Proceso y expectativas
Las administraciones tienen un plazo de seis meses para responder a la reclamación. Según la normativa vigente, una respuesta negativa o la falta de respuesta se interpretará como un rechazo a las demandas, lo que llevaría a los afectados a recurrir a la vía Contencioso-Administrativa. Aunque la situación se presenta como un caso colectivo, cada reclamación será evaluada de manera individual en el ámbito legal, considerando las particularidades de cada afectado.
Perspectivas legales y precedentes
Hernández ha indicado que, a partir de la documentación presentada en el caso penal que investiga los daños humanos resultantes de la riada, es posible establecer responsabilidades tanto para la Generalitat como para la Confederación. Aunque existe un proceso penal en curso en Catarroja que investiga homicidio por imprudencia, se ha señalado que esto no debería frenar la reclamación patrimonial por parte de los afectados.
Un caso relevante mencionado es el de la riada en el camping de Biescas en 1996. En esa ocasión, las familias afectadas debieron esperar la conclusión del proceso penal antes de que se permitiera el inicio de las reclamaciones por daños. Aunque la parte penal no resultó en condenas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón finalmente fueron condenados a indemnizar a las víctimas, estableciendo un precedente importante que podría influir en los resultados actuales.
Impacto en la vida de los afectados
La reclamación presentada no solo busca compensar pérdidas económicas, sino que también resalta el impacto emocional y social que la inundación ha tenido en las vidas de los afectados. Según Hernández, los reclamos incluyen daños morales, basados en la alteración de la calidad de vida de las víctimas a largo plazo. La angustia y el estrés sufridos por las familias tras el desastre son aspectos que no pueden ser subestimados.
Es esencial que las administraciones públicas asuman la responsabilidad por el funcionamiento inadecuado que condujo a esta crisis. Las familias que enfrentan estas adversidades tienen el derecho legítimo a recibir indemnizaciones justas que reflejen tanto sus pérdidas materiales como el sufrimiento emocional que han experimentado.
