La reciente legislación sobre pesca en España constituye una oportunidad fundamental para optimizar el control y la transparencia en la lucha contra prácticas ilegales en este sector.
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España ha dado un paso significativo al introducir una nueva normativa relacionada con la pesca marítima. Esta legislación, que se alinea con las directrices de la Unión Europea, busca establecer un marco más robusto para el control y la inspección de las actividades pesqueras.
Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre la falta de un requisito para identificar a los beneficiarios reales de estas actividades, lo que podría abrir la puerta a delitos como la pesca ilegal y el tráfico de drogas.
Las organizaciones de conservación marina, como ClientEarth, Ecologistas en Acción, Oceana y WWF, consideran que esta nueva ley es fundamental para consolidar el liderazgo de España en la lucha contra la pesca ilegal.
Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, destaca que esta legislación representa un compromiso del país en la gobernanza del océano.
Desafíos de la opacidad en la propiedad pesquera
A pesar de los avances, la normativa no aborda un aspecto crítico: la transparencia en la propiedad de los barcos pesqueros. Esta falta de claridad puede resultar problemática, ya que muchos barcos operan bajo banderas que ocultan la verdadera titularidad. Esto crea un entorno propicio para actividades delictivas, como el trabajo forzado y la captura de especies protegidas.
Investigaciones que revelan la magnitud del problema
Estudios recientes realizados por Oceana indican que aproximadamente el 23% de los barcos no pertenecientes a la UE, sumando un total de 52 embarcaciones, son de propiedad española y están registrados en países donde las prácticas pesqueras son cuestionables. Estos registros, a menudo en paraísos fiscales, plantean un grave riesgo para la sostenibilidad de las poblaciones de peces y la integridad de los ecosistemas marinos.
Clara Burillo, responsable de políticas oceánicas de la Environmental Justice Foundation (EJF), enfatiza que la mayoría de los pescadores españoles actúan de manera responsable. Por lo tanto, implementar una mayor transparencia no solo mejora la reputación de este sector, sino que también fortalece su competitividad en el mercado europeo.
Demandas de las organizaciones ecologistas
Dada la situación actual, las organizaciones ecologistas han hecho un llamado a los legisladores españoles para que se incluyan disposiciones claras que obliguen a identificar y registrar a los titulares reales de las embarcaciones pesqueras. Estas medidas son esenciales para asegurar que las autoridades puedan aplicar sanciones efectivas contra aquellos involucrados en actividades ilícitas.
La importancia de la divulgación pública
Además, se insta a que esta información sea de acceso público, permitiendo así que tanto consumidores como otros actores del sector pesquero puedan tomar decisiones informadas. La transparencia en la titularidad de los barcos se ha convertido en una práctica común en otros sectores de la economía, y su aplicación en la pesca podría ayudar a identificar a los operadores responsables y a cerrar brechas en la aplicación de la ley.
La nueva Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima representa un avance significativo en la regulación de la pesca en España. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles. Solo así se podrá erradicar la pesca ilegal y proteger nuestros océanos para las generaciones futuras.
