La situación de los trabajadores aéreos en Cantabria es preocupante, ya que enfrentan salarios estancados y condiciones laborales deficientes que afectan su bienestar y productividad.
Temas cubiertos
La situación laboral de los trabajadores aéreos en España, especialmente en la región de Cantabria, ha alcanzado un punto crítico. Estos profesionales, encargados de pilotar helicópteros para combatir incendios y realizar labores de salvamento marítimo, enfrentan desafíos que generan creciente preocupación en el sector.
Desde hace aproximadamente una década, los salarios de estos trabajadores permanecen congelados, lo que ha provocado un notable malestar. La falta de aumentos salariales, sumada a la reducción de las plantillas y la planificación tardía de horarios, dificulta la conciliación entre la vida laboral y familiar, convirtiendo su trabajo en un desafío aún mayor.
Huelgas y demandas laborales
En respuesta a estas condiciones, los trabajadores de una de las principales empresas del sector iniciaron una huelga a principios de julio. Desde el 1 de septiembre, se unieron los empleados de la segunda compañía más grande del sector. Esta movilización se ha intensificado, especialmente en Cantabria, donde los profesionales han denunciado que sus labores se han transformado en lo que ellos llaman “rescatadores de cadáveres”, en lugar de realizar su trabajo para salvar vidas.
Complicaciones en la operativa
Un factor que agrava la situación en Cantabria es que la región comparte recursos aéreos con el País Vasco. Esto significa que una única base se encarga de atender emergencias en ambas comunidades, provocando saturación de tareas y aumentando el riesgo para los operativos. A diferencia de Galicia, donde existen bases separadas en A Coruña y Santiago, la falta de recursos en Cantabria dificulta el refuerzo entre equipos en caso de necesidad.
Además, la base en Cantabria aplica un régimen de guardia localizada, un sistema poco común en otras regiones. Este modelo exige que los trabajadores permanezcan en casa a la espera de una llamada, lo que puede extender el tiempo de respuesta hasta 45 minutos. Enrique Durán, coordinador del Sindicato de Trabajadores Aéreos (SLTA), destaca que en situaciones críticas, como en el Cantábrico, donde las temperaturas del agua son frías, este tiempo puede ser fatal.
Reivindicaciones de los empleados
Las demandas de los trabajadores son claras: buscan una reducción de la jornada laboral, actualmente de hasta 2.000 horas anuales, un horario preestablecido y un aumento en sus salarios. Durán enfatiza que, aunque fueron considerados héroes durante las campañas de incendios, su contribución ha sido olvidada.
El sindicato sostiene que el 95% de las operaciones en este sector son contratadas por administraciones públicas, que, a pesar de destinar grandes presupuestos a estos servicios, no garantizan condiciones laborales adecuadas para sus empleados, quienes enfrentan una situación muy diferente a la de un funcionario público.
Impacto de las empresas extranjeras
Las empresas que operan en este ámbito, muchas de ellas fondos de inversión extranjeros, buscan maximizar ganancias reduciendo costos, lo que ha resultado en una disminución significativa de los puestos de trabajo. Según Durán, esto ha llevado a muchos pilotos a buscar oportunidades en el extranjero, donde obtienen una mejor calidad de vida. “Después de más de 40 años de campañas de incendios estivales, ahora otros países europeos están captando a nuestros profesionales experimentados”, añade.
Las condiciones laborales también se ven afectadas por la naturaleza de los servicios mínimos que deben cumplir los trabajadores en huelga. Durán señala que estos son prácticamente equivalentes a su trabajo habitual, lo que complica aún más la situación. A pesar de las reuniones con las empresas, no se han logrado avances significativos y, por ahora, no se prevé el levantamiento de la huelga, con protestas programadas en Madrid para el 12 de noviembre.
La falta de respuesta de empresas como Avincis y Pegasus Aero Group solo agrava la frustración de los trabajadores, que exigen un cambio urgente en sus condiciones laborales. La situación actual refleja un desafío no solo para los profesionales aéreos, sino también para la gestión de emergencias en Cantabria, donde la seguridad de la población depende en gran medida de estos operativos.
