Educadores en Cataluña se oponen a la imposición del uso exclusivo del catalán en las aulas.
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En el contexto educativo de Cataluña, el uso de la lengua ha generado tensiones notables. La política lingüística implementada por la Generalitat ha llevado a que muchos docentes se vean obligados a priorizar el catalán en sus clases, incluso a expensas de su lengua materna, el castellano.
Esta situación ha suscitado quejas y denuncias por parte de educadores que sienten que se les coarta su derecho a enseñar en un idioma oficial.
Uno de esos educadores es Luis N. L., un profesor de inglés en un instituto cerca de Barcelona.
Luis ha compartido su experiencia tras recibir múltiples advertencias verbales sobre su uso del castellano. Finalmente, se le notificó formalmente que debía cesar en su uso. Este docente, que ha trabajado como funcionario en otras comunidades, se sintió sorprendido y consternado por esta situación, que considera sin precedentes en su carrera.
El ambiente en las aulas y el rechazo hacia el castellano
La atmósfera en su instituto se tornó tensa cada vez que decidía comunicarse en castellano. Luis menciona que, al hablar en su lengua materna, sentía la palpable incomodidad de sus colegas. Un compañero incluso le comentó, en tono amistoso, que su uso del castellano era inusual, lo que Luis interpretó como un signo de hispanofobia. Esta sensación de marginación se intensificó cuando se encontró con la negativa de un colega a colaborar en una actividad, simplemente porque él no dominaba el catalán.
Además, se enteró de que un grupo reducido de alumnos y familias había presentado quejas en su contra, una situación que, según él, se debía a un pequeño sector que no toleraba su elección de idioma. Luis describe una creciente presión institucional que lo obligaba a firmar un documento donde se le exigía impartir clases exclusivamente en catalán y inglés.
Reacciones de los educadores
Ante esta situación, Luis decidió buscar apoyo de organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y la asociación Docentes Libres. Estas entidades respaldaron su postura, afirmando que es un derecho del docente utilizar cualquier lengua oficial, especialmente en su vida diaria. Este respaldo ha sido crucial para muchos educadores que enfrentan un escenario similar.
Las quejas sobre la presión que sufren los maestros para adoptar el catalán han aumentado considerablemente en los últimos años. Según las mencionadas asociaciones, la política coercitiva de la Generalitat está vulnerando derechos fundamentales y principios de libertad. Mario, otro docente que ha enfrentado problemas similares, relata que la presión se intensificó en su instituto hasta llegar a ser palpable en sus interacciones diarias.
El impacto en la educación y la convivencia
Mario, quien imparte clases de matemáticas, se vio obligado a adaptarse a un entorno donde se priorizaba el uso del catalán. A pesar de sus esfuerzos por comunicarse en castellano con ciertos grupos de alumnos, la dirección le advirtió que debía cesar en esta práctica. Esta tensión no solo afecta a los docentes, sino que también repercute negativamente en la convivencia escolar.
Los alumnos, que antes mostraban una actitud neutral hacia el uso del catalán, comienzan a mostrar resistencia y, en algunos casos, optan por hablar en castellano como un acto de rebeldía. Este cambio en la dinámica escolar es preocupante y resalta la necesidad de replantear cómo se aborda la política lingüística en los centros educativos.
Desafíos y perspectivas futuras
Juan, un profesor de Geografía, comparte su experiencia al recibir múltiples advertencias de la dirección, que insistía en que su enseñanza debía ser exclusivamente en catalán. A pesar de que algunos materiales educativos estaban disponibles en castellano, le sorprendía que se le restringiera el uso de su lengua materna en el aula. Juan se opone a esta forma de control lingüístico y defiende su derecho a utilizar las lenguas que considera más adecuadas para el aprendizaje de sus estudiantes.
La situación en Cataluña es un reflejo de un conflicto más amplio sobre la identidad y el uso del lenguaje. Los educadores que buscan mantener su derecho a enseñar en castellano esperan que futuras decisiones judiciales, que reconozcan la cooficialidad del idioma, les brinden la protección necesaria contra esta dictadura lingüística que, según ellos, perjudica fundamentalmente a los alumnos. La lucha por equilibrar los derechos lingüísticos y el acceso a una educación de calidad continúa.
