García Ortiz defiende su postura en el juicio por revelación de secretos y rechaza categóricamente las acusaciones de filtración de información confidencial.
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El juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha comenzado en el Tribunal Supremo. Enfrenta graves acusaciones de revelación de secretos. Durante su comparecencia, marcada por la tensión, el fiscal se presentó ante los magistrados sin las insignias de su cargo, buscando demostrar su inocencia ante las acusaciones que lo señalan como responsable de filtrar información confidencial.
Durante noventa minutos, García Ortiz defendió su actuación. Aseguró que su objetivo ha sido siempre proteger la honorabilidad de la Fiscalía frente a las difamaciones provenientes del entorno político de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Negó haber sido él quien filtró el correo que revelaba el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Las acusaciones y el testimonio de la UCO
El único testimonio que ha señalado a García Ortiz como culpable provino de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este testimonio, presentado por el teniente coronel Antonio Balas, se basó en coincidencias temporales, sugiriendo que el fiscal era el responsable de la filtración. Sin embargo, se centró más en inferencias que en pruebas directas, lo que generó un intenso debate durante el juicio.
El cruce de declaraciones
La abogada del Estado, Consuelo Castro, cuestionó las conclusiones de Balas, enfatizando que sus afirmaciones eran meras interpretaciones. Durante el interrogatorio, Castro subrayó que los documentos en cuestión estaban accesibles no solo para García Ortiz, sino para unas seiscientas personas más en diversas direcciones de correo electrónico de la Fiscalía. Balas, por su parte, mantenía que cualquier filtración había ocurrido después de que los documentos estuvieran en poder de la Fiscalía.
García Ortiz, al ser interrogado, rechazó las acusaciones sobre el borrado de sus dispositivos electrónicos, asegurando que su práctica habitual era eliminar datos por razones de seguridad. Según su defensa, los mensajes relacionados con la filtración habían sido eliminados mucho antes de los eventos que se están juzgando.
La defensa y el contexto del juicio
El contexto en el que se desarrolla este juicio es complejo, ya que involucra a figuras prominentes de la política madrileña. García Ortiz ha insistido en que su única preocupación durante el periodo en cuestión fue defender la labor de la Fiscalía de Madrid, que había denunciado a González Amador por defraudar a Hacienda. Definió su accionar como una respuesta institucional a las calumnias que circulaban en los medios, atribuidas a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
En un momento clave del juicio, García Ortiz se refirió a la actitud obstruccionista de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien había cuestionado su comportamiento. A pesar de las tensiones, el fiscal general se mostró dispuesto a seguir defendiendo su versión, argumentando que su compromiso era con la verdad y la justicia.
Las implicaciones de la filtración
Lo que está en juego en este juicio no es solo la reputación de García Ortiz, sino también la integridad de la Fiscalía y la confianza pública en el sistema judicial. Las acusaciones que enfrenta incluyen una posible condena de entre cuatro y seis años de prisión, además de una inhabilitación de doce años y multas que superan los 400,000 euros.
A medida que se desarrollan los testimonios, el público y los observadores están atentos a cómo se resolverá este caso, que ha captado la atención de los medios y del panorama político español. Las implicaciones de la decisión del tribunal resonarán más allá de este juicio, afectando la percepción pública de la justicia y la política en Madrid.
