La Policía de Cataluña arresta a 22 personas tras desmantelar una sofisticada red de fraudes inmobiliarios.
Temas cubiertos
Recientemente, los Mossos d’Esquadra desarticularon una red criminal dedicada a las estafas inmobiliarias. Esta organización defraudó a numerosas víctimas en varias regiones de España, acumulando más de 1,2 millones de euros en engaños. La operación tuvo lugar el 11 de noviembre y resultó en la detención de 22 personas, la mayoría en Cataluña, aunque los líderes del grupo se encontraban en Sevilla.
La investigación comenzó tras la denuncia de un despacho notarial en Figueres, que alertó sobre fraudes que afectaban a propietarios de inmuebles. Este caso pone de manifiesto las sofisticadas tácticas empleadas por los estafadores, quienes simulaban poderes notariales sobre propiedades ajenas.
Los hechos
El engaño operaba a través de un proceso estructurado en varias etapas. La primera fase consistía en identificar inmuebles atractivos para posibles inversores. Los delincuentes buscaban propiedades de alto valor en portales de compraventa y, mediante el acceso al Registro de la Propiedad, recopilaban información sobre los propietarios, asegurándose de que las viviendas estuvieran libres de cargas. Este análisis les permitía crear un perfil adecuado de las propiedades para atraer a sus víctimas.
Documentación falsa y usurpación de identidad
Una vez que obtenían los datos de los propietarios, la segunda fase consistía en la creación de documentos falsificados. A través de estos documentos, los miembros de la banda suplantaban la identidad de los propietarios legítimos, otorgando poderes notariales a otros cómplices, como un abogado que actuaba como apoderado. Esto les permitía realizar transacciones fraudulentas sin que las víctimas se dieran cuenta del engaño.
Solicitudes de crédito fraudulentas
La tercera etapa del fraude se centraba en la obtención de créditos. Con los poderes otorgados, los estafadores contactaban a intermediarios financieros, presentando situaciones personales ficticias que justificaban la necesidad de un préstamo. Solicitaban montos que oscilaban entre 100,000 y 300,000 euros, utilizando las propiedades sobre las que habían conseguido los poderes como garantía. Este proceso se formalizaba a través de opciones de compra con un plazo limitado, lo cual ofrecía a los inversores la posibilidad de adquirir las propiedades a un precio inferior al de mercado en caso de incumplimiento del crédito.
Distribución de beneficios y encubrimiento
Finalmente, la última fase del esquema delictivo involucraba la repartición de las ganancias obtenidas. Los miembros de la organización llevaban a cabo inversiones y movimientos financieros destinados a ocultar el origen ilícito de los fondos. Los investigadores han documentado la compra de inmuebles y vehículos, así como la creación de sociedades poco después de llevar a cabo las estafas. Esta estrategia les permitía dar apariencia de legitimidad a los recursos obtenidos de manera fraudulenta.
Las víctimas y el perfil de los detenidos
Las víctimas de esta red no solo incluían a los propietarios cuyas identidades fueron utilizadas sin consentimiento, sino también a los inversores que confiaron en la validez de los poderes notariales falsificados. Muchos de estos inversores no detectaron el engaño antes de que se cumpliera el plazo para el retorno del crédito, complicando aún más la situación.
Entre los 22 detenidos se encontraban individuos con antecedentes penales por delitos similares. Curiosamente, el líder de la organización cumplía una condena en prisión por tráfico de drogas, lo que muestra la diversidad de actividades delictivas en las que estaba involucrado. Las acusaciones que enfrentan los arrestados incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
