Una organización delictiva especializada en fraudes inmobiliarios fue desmantelada por las autoridades en una operación que resultó en la detención de 22 personas.
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Recientemente, las fuerzas de seguridad en Cataluña llevaron a cabo una operación significativa contra una organización criminal acusada de estafas en el sector inmobiliario. Este entramado logró defraudar al menos 1,2 millones de euros a diversas víctimas en toda España.
La investigación se inició tras la denuncia de un grupo de notarios en Figueres, donde se detectaron irregularidades relacionadas con la simulación de poderes notariales sobre propiedades ajenas.
El operativo tuvo lugar el 11 de noviembre, resultando en la detención de 22 personas.
La mayoría de los arrestos se realizaron en Cataluña, mientras que los líderes de la banda fueron capturados en Sevilla. Esta colaboración entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil fue crucial para desarticular la red.
Metodología de la estafa
La organización criminal implementó un esquema de fraude que se desarrollaba en cuatro etapas bien definidas. En la primera fase, los delincuentes investigaban propiedades de alto valor en portales de compraventa, buscando captar la atención de posibles inversores. Para ello, accedían a información del Registro de la Propiedad, donde obtenían datos personales de los propietarios, asegurándose de que las viviendas estuvieran libres de cargas.
Falsificación de documentos
Una vez contaban con la información necesaria sobre los propietarios, la segunda fase consistía en la elaboración de documentación falsa. Miembros de la organización usurpaban la identidad de los legítimos dueños, creando poderes notariales que permitían la libre disposición de la propiedad a favor de un abogado que actuaba como apoderado. Este abogado formaba parte del entramado y fue uno de los detenidos en la operación.
El proceso del engaño
Con los poderes ilegales en mano, los estafadores iniciaban la tercera fase, donde buscaban concretar operaciones con inversores. Se ponían en contacto con asesores o intermediarios, presentando historias ficticias que justificaban la necesidad de obtener un crédito elevado, generalmente entre 100,000 y 300,000 euros. Este crédito se respaldaba con las propiedades obtenidas de manera fraudulenta.
Una vez acordadas las condiciones del préstamo, los involucrados se reunían ante un notario para formalizar la transacción. En ese momento, el dinero se transfería, dejando a los inversores en una situación complicada si el crédito no era devuelto.
Desvío de fondos y lavado de dinero
La última fase del plan delictivo incluía la distribución de las ganancias entre los miembros de la organización y la realización de diversas transacciones financieras para ocultar el origen ilícito del dinero. Investigaciones han revelado que algunos de los detenidos adquirieron propiedades, vehículos y fundaron nuevas empresas poco después de llevar a cabo las estafas.
Impacto en las víctimas
Las víctimas de esta red delictiva se dividieron en dos grupos: por un lado, los propietarios de los inmuebles sobre los cuales se realizaron las actas notariales fraudulentas, y por otro, los inversores que, confiando en la legitimidad de los poderes, fueron engañados. Muchos de estos últimos no pudieron detectar la estafa antes de que se venciera el plazo de devolución del préstamo, complicando aún más su situación financiera.
Es importante señalar que el líder de esta organización dirigía sus actividades desde una prisión en Cataluña, donde purgaba una condena por tráfico de drogas. La magnitud de esta operación ha llevado a las autoridades a no descartar la posibilidad de más detenciones, ya que el caso sigue bajo investigación judicial.
Esta operación resalta la importancia de la colaboración entre distintas fuerzas de seguridad y la necesidad de estar alerta ante posibles fraudes en el sector inmobiliario. La confianza en los procesos notariales y la verificación de la información son esenciales para evitar caer en redes de estafadores.
