El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
En un veredicto sorprendente, el Tribunal Supremo ha dictado una condena de dos años de inhabilitación contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Además, se le ha impuesto una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal.
Este caso, que ha captado la atención pública por su singularidad, marca un hito al ser la primera vez que un fiscal general es juzgado en España.
El juicio, que tuvo lugar entre el 3 y el 13 de noviembre, concluyó con una decisión mayoritaria de cinco de los siete magistrados presentes.
Las dos magistradas que disintieron, Ana Ferrer y Susana Polo, han anunciado su intención de presentar un voto particular, lo que añade un matiz interesante a la resolución final.
Detonante del caso
El caso se originó a raíz de la filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de González Amador, en el cual se admitía la comisión de delitos fiscales por parte de su cliente. Este email fue divulgado el 13 de marzo de, justo después de que El Mundo publicara una información que distorsionaba la realidad de las negociaciones entre el empresario y la Fiscalía, haciendo creer que era el Ministerio Público quien ofrecía un acuerdo a González Amador.
La rápida actuación del Tribunal Supremo para emitir un fallo en este caso es poco común, así como el hecho de que se haya anticipado a la redacción completa de la sentencia. Este enfoque inusual ha suscitado interrogantes sobre los fundamentos que han llevado a la condena del fiscal general, dado que no hay pruebas concretas que demuestren que él fue el responsable directo de la filtración del correo.
Las implicaciones del fallo
El tribunal ha considerado que la revelación de secretos incluye tanto la filtración del correo electrónico como la posterior nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, que intentó desmentir las versiones falsas promovidas por el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este comunicado, aunque García Ortiz asumió su autoría, fue interpretado por los magistrados como una violación de la confidencialidad, lo que llevó a abrir una causa en su contra.
En su declaración durante el juicio, García Ortiz defendió su inocencia, insistiendo en que ni él ni su equipo habían filtrado el correo controvertido. “La verdad no se filtra, se defiende”, afirmó, desmarcándose de cualquier responsabilidad en el asunto. Sin embargo, el tribunal ha decidido aplicar una pena que, aunque menor a la solicitada por las acusaciones, implica un golpe significativo a su carrera.
El contexto del juicio
Durante el proceso judicial, se escucharon testimonios de hasta 40 testigos, incluidos miembros del entorno de la presidenta, así como periodistas que aportaron diferentes perspectivas sobre el caso. La defensa del fiscal general buscaba su absolución, mientras que las acusaciones, que incluían al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, argumentaron que la revelación de secretos era un hecho comprobable y no debía ser pasado por alto.
Finalmente, el tribunal ha decidido que la pena de inhabilitación de dos años resulta adecuada, situándose en la mitad del rango establecido por la ley para este tipo de delitos. Aunque la condena ha sido percibida como más leve de lo que inicialmente esperaban las acusaciones, el impacto en la carrera de García Ortiz es indiscutible. A partir de ahora, deberá enfrentar un posible expediente de expulsión de la carrera fiscal, lo que podría complicar aún más su futuro profesional.
Este caso ha abierto un debate público sobre la ética y la transparencia en la administración de justicia, así como sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de información sensible. La resolución final del Tribunal Supremo y los votos particulares que se presenten no solo marcarán el destino de García Ortiz, sino que también influirán en la percepción general sobre la independencia del poder judicial en España.
