El estancamiento en las negociaciones salariales de los funcionarios públicos amenaza seriamente las condiciones laborales de miles de empleados del sector.
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Las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos que representan a los funcionarios públicos se encuentran en un punto muerto, a pesar de las expectativas de que la reunión fuera decisiva. La discusión se centra en la revalorización salarial para el período 2025-2028, generando tensiones y descontento entre las partes involucradas.
El encuentro, realizado en Madrid, se extendió por cerca de cinco horas, pero finalizó sin lograr un acuerdo. Los representantes del ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han decidido programar una nueva reunión para el próximo miércoles, con la esperanza de encontrar una solución satisfactoria.
Principales puntos de desacuerdo
El principal obstáculo en las negociaciones no radica en la cifra del aumento salarial, fijada en un 11% durante cuatro años, sino en cómo se distribuirá este aumento. La propuesta del ministerio incluye un incremento del 4% para este año y el 2026, lo que los sindicatos consideran insuficiente.
Reacciones de los sindicatos
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, señaló que el Gobierno llegó a la reunión con dos modificaciones a su propuesta anterior, buscando mejorar las condiciones. Sin embargo, los sindicatos consideran que el aumento salarial debería ser mayor en los primeros años. Lucho Palazzo, coordinador de CC.OO., expresó su frustración ante la falta de flexibilidad del ministerio y afirmó que continuarán trabajando para alcanzar un acuerdo que beneficie a los funcionarios.
A pesar del estancamiento, UGT, CC.OO. y CSIF han manifestado su disposición para seguir negociando. Fuentes de CSIF indicaron que la negociación permanecerá abierta en busca de mejorar las condiciones laborales, especialmente para aquellos empleados públicos que han visto sus salarios congelados durante casi un año.
Contexto de las negociaciones
Las discusiones comenzaron a principios de noviembre, impulsadas por un ultimátum de los sindicatos, quienes amenazaron con movilizaciones y una posible huelga si no se iniciaban las negociaciones. Este nuevo acuerdo pretende reemplazar el Acuerdo Marco firmado anteriormente, que ya había incrementado los salarios en un 9.5% desde 2025.
A partir de 2025, los salarios de los funcionarios han estado congelados, y los sindicatos exigen que cualquier aumento sea retroactivo desde comienzos de este año. Este enfoque es vital para asegurar que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo, un tema recurrente en las conversaciones.
Propuestas del Gobierno
El Gobierno ha planteado la eliminación gradual de la llamada tasa de reposición, que limita la contratación de nuevos empleados a las vacantes generadas por jubilaciones. Además, se espera que un acuerdo plurianual establezca condiciones laborales claras hasta 2028, mejorando las oportunidades de promoción interna y creando convocatorias específicas para ciertos puestos.
No obstante, los sindicatos han subrayado la importancia de que el Gobierno cumpla con los compromisos previos del Acuerdo Marco para una Administración moderna, que incluye la implementación de la jornada laboral de 35 horas y la mejora de las condiciones de jubilación parcial.
Reacciones y futuras acciones
A medida que las negociaciones se estancan, CC.OO. ha declarado que, aunque continúan en la mesa de diálogo por responsabilidad, no descartan acciones de movilización si la situación no mejora. La presión de los sindicatos podría llevar a un resurgimiento de protestas en el sector público, especialmente si la oferta del Gobierno no se ajusta a sus demandas.
El encuentro, realizado en Madrid, se extendió por cerca de cinco horas, pero finalizó sin lograr un acuerdo. Los representantes del ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han decidido programar una nueva reunión para el próximo miércoles, con la esperanza de encontrar una solución satisfactoria.0
