Leire Díez se pronuncia enérgicamente contra las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, defendiendo con firmeza su inocencia ante el juez.
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Leire Díez, exmiembro del PSOE, compareció ante el juez en medio de una intensa cobertura mediática tras ser acusada de cohecho y tráfico de influencias. Durante su declaración, el 17 de noviembre, negó de manera contundente haber trabajado para el partido liderado por Pedro Sánchez o haber recibido compensaciones económicas por sus acciones.
Su papel ha sido descrito como el de una fontanera, es decir, alguien que busca información en beneficio del partido, lo cual ella rechaza categóricamente.
En su defensa, Díez reveló que tuvo dos encuentros con Santos Cerdán, el actual secretario de Organización del PSOE, quien también enfrenta investigaciones judiciales por corrupción.
Según su testimonio, estas reuniones se llevaron a cabo con el empresario tecnológico Javier Pérez Dolset, con el objetivo de intercambiar información relevante sobre el caso Villarejo, un escándalo que ha afectado a varias formaciones políticas, incluyendo al PSOE, PP y Vox, donde todos se consideran potenciales víctimas de las acciones del comisario jubilado.
Encuentros polémicos y sus implicaciones
El interrogatorio a Díez incluyó preguntas sobre otros encuentros con fiscales y miembros de la Guardia Civil. Se mencionaron reuniones con Ignacio Stampa y José Grinda, fiscales de la Unidad Anticorrupción, así como con el guardia civil Rubén Villalba, en el marco de la investigación relacionada con el caso de hidrocarburos. A pesar de las acusaciones, Díez insistió en que nunca ofreció favores a cambio de información negativa sobre el fiscal jefe, Alejandro Luzón.
Su relación con el PSOE y el acceso a instituciones
Díez explicó que su vínculo con el PSOE se remonta a años anteriores, habiendo sido teniente de alcalde y concejala en Cantabria. Aclaró que los cargos que ocupó en la empresa pública ENUSA y en Correos fueron obtenidos a través de procesos de selección legítimos y no por tráfico de influencias. Este punto es fundamental en su defensa, ya que busca demostrar que sus acciones siempre se enmarcaron dentro de la legalidad.
La exmilitante también se refirió a una fotografía en la que aparece entrando en la sede del partido, argumentando que solo buscaba a alguien conocido. Tras unos breves momentos dentro, se dirigió a una reunión con un periodista en un bar cercano, lo que refuerza su argumento de que no estaba allí para conspirar o actuar en beneficio del partido.
Reacciones y consecuencias del caso
La situación ha generado diversas reacciones dentro del partido y del gobierno. Algunos aliados han pedido al presidente Sánchez una mayor firmeza contra la corrupción, lo que ha tensionado el ambiente. La defensa de Díez sostiene que su intención era proteger al PSOE de posibles ataques derivados del caso Villarejo, más que atacar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Por otro lado, el empresario Javier Pérez Dolset, que también está bajo investigación, ha mencionado que los encuentros con varios partidos políticos eran parte de un esfuerzo por informarles sobre su vulnerabilidad ante las operaciones en el marco del caso Villarejo. Según él, la información estaba organizada en un drive compartido titulado «operación PSOE», que, según sus afirmaciones, fue hackeado, complicando aún más la situación.
Desarrollo del juicio hasta el momento
El desarrollo de este caso está lleno de contradicciones, donde las afirmaciones de Díez chocan con las declaraciones de fiscales y otros testigos. A medida que avanza la investigación, las implicaciones se vuelven serias, no solo para los acusados, sino también para la imagen del PSOE y la confianza pública en las instituciones. La defensa de Leire Díez deberá demostrar que sus acciones eran parte de un ejercicio legítimo de investigación y no un intento de manipulación política.
El próximo paso en este proceso judicial es crucial, ya que las decisiones del juez influirán en la dirección futura de las investigaciones y el destino de todos los involucrados. La lucha contra la corrupción sigue siendo un tema candente en la política española, y este caso es un ejemplo de las complejas redes de poder y los desafíos éticos que enfrentan los funcionarios públicos.
