La propuesta de los sindicatos aboga por un aumento sustancial del salario mínimo interprofesional en España, enfocándose en aspectos clave como la tributación y la integración de complementos salariales.
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En un contexto económico donde la distribución equitativa de la riqueza es cada vez más discutida, los sindicatos UGT y CCOO han presentado una ambiciosa propuesta para el próximo año. Su objetivo es elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 7,5%, lo que llevaría la cifra a 1.273 euros brutos mensuales, es decir, 17.822 euros anuales.
Este aumento representaría un incremento de 89 euros al mes, una medida que, aunque audaz, subraya la necesidad de ajustar los ingresos de los trabajadores a los estándares europeos.
La controversia de la tributación
Un aspecto crucial de esta propuesta es la cuestión de la tributación.
Los sindicatos han señalado que el aumento del 7,5% se fundamenta en la necesidad de que el salario mínimo tribute al IRPF. Sin embargo, en términos reales, el crecimiento del salario neto se limitaría a un 2,6%, alcanzando los 1.216 euros mensuales, mientras que el restante 4,8% sería necesario para cumplir con obligaciones fiscales. Según Javier Pacheco de CCOO, la posición de los sindicatos es clara: “apoyamos que el salario mínimo tribute”, enfatizando la importancia de una subida robusta que beneficie a los trabajadores.
Estándares europeos y el futuro del SMI
Fernando Luján de UGT también ha expresado que es esencial que el SMI se acerque a los niveles europeos. La brecha entre el salario mínimo en España y el de otros países de la Unión Europea es notable, y esta propuesta busca cerrar esa distancia. No obstante, el debate sobre la tributación ha generado controversia, especialmente tras el enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y Hacienda respecto a la subida del SMI en 2025.
Medidas contra la absorción de pluses
Aparte de la elevación del SMI, los sindicatos han solicitado acciones para prevenir la absorción de pluses en los salarios de los trabajadores. Esto implica que algunos empleados podrían no ver un aumento en sus ingresos debido a que la mejora del SMI sería absorbida por indemnizaciones o pluses existentes. La propuesta del Ministerio de Trabajo, presentada en octubre, incluye restricciones a la absorción, aunque no todas las bonificaciones estarían sujetas a esta limitación.
Implicaciones gubernamentales y oposición empresarial
Desde la perspectiva de los sindicatos, el Gobierno tiene la capacidad de implementar estas medidas a través de un real decreto, evitando así la necesidad de pasar por un parlamento que se encuentra cada vez más polarizado. Sin embargo, la eliminación total de la absorción de pluses podría requerir una modificación del Estatuto de los Trabajadores, lo que complicaría el proceso legislativo. La CEOE se ha manifestado en contra de esta prohibición, lo que sugiere que el camino hacia la implementación de estas medidas podría estar lleno de obstáculos legales y políticos.
A medida que se aproxima el año 2026, la postura de los sindicatos se ha vuelto más firme en cuanto a que la eliminación de la absorción de pluses es una condición esencial para aceptar la propuesta de aumento del SMI. La disputa sobre este tema podría acabar en los tribunales, complicando aún más el panorama laboral en España. Sin duda, la colaboración entre el Gobierno y los sindicatos será crucial para avanzar hacia una solución que beneficie a todos los trabajadores.
