Los ex gerentes del SAS se presentan ante el juez en defensa propia, mientras la controversia por los contratos de emergencia sigue generando debate.
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La pandemia de Covid-19 dejó una huella imborrable en la sanidad española, especialmente en Andalucía. Allí, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) enfrentó una crisis sin precedentes. En este contexto, los ex gerentes del SAS, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, junto a la actual gerente, Valle García, están bajo un proceso judicial por el uso de contratos de emergencia.
La investigación se centra en la legalidad de estos contratos, que, según los denunciantes, fueron adjudicados sin los controles necesarios.
El juez José Antonio Gómez ha convocado a estos ex funcionarios para esclarecer las decisiones tomadas durante el periodo crítico de la pandemia.
Vargas, quien fue director general del SAS de 2019 a 2025, recordó momentos de gran tensión al reportar diariamente las cifras de contagios y muertes. Este proceso ha revelado el desbordamiento del sistema sanitario andaluz, lo que puso a prueba a sus directores en un ambiente de urgencia y caos.
Antecedentes de la investigación
La causa judicial se originó por una denuncia del grupo parlamentario del PSOE-A. Este grupo acusa al Gobierno andaluz, liderado por el PP, de haber abusado de los contratos de emergencia, que ascienden a 242 millones de euros entre 2020 y 2025. Según los denunciantes, el uso de este procedimiento permitió la adjudicación de contratos sin concurrencia competitiva ni publicidad, lo que contraviene la normativa establecida.
Guzmán, ex viceconsejero de Salud, se describió como un sufridor del sistema durante la crisis. Explicó que la decisión de modificar el control fiscal fue impuesta por la Intervención de Hacienda, lo que les obligó a actuar bajo un régimen de control financiero posterior.
Las decisiones bajo presión
Durante su declaración, los tres gerentes del SAS defendieron que sus decisiones estaban justificadas por la situación de emergencia sanitaria. Valle García, quien asumió el cargo después de Vargas, argumentó que la prórroga de los contratos de emergencia fue necesaria para seguir atendiendo a una población en grave riesgo. En enero de 2025, por ejemplo, se registraron más de 287.000 contagios en un solo mes, lo que aumentó la presión sobre los hospitales.
La gestión de la crisis sanitaria llevó a la implementación de múltiples decretos y la declaración de tres estados de alarma. Esta situación obligó a los gerentes a actuar rápidamente, lo que, según ellos, justificó el uso de los contratos de emergencia, incluso después de que la Dirección General de Contratación emitiera instrucciones que indicaban que la situación se había estabilizado.
Reacciones y consecuencias
Las declaraciones de los ex gerentes han generado reacciones diversas en el ámbito político y social. Algunos defienden la actuación de estos funcionarios en un momento de crisis, mientras que otros critican la falta de transparencia y los posibles abusos en la gestión de recursos públicos. Se cuestiona si era posible volver a un sistema ordinario de contratación, dado que las circunstancias seguían siendo excepcionales.
El juez instructor ha indagado si existieron consideraciones para revertir el uso de contratos de emergencia una vez que la situación comenzó a normalizarse. Sin embargo, los ex gerentes argumentaron que su enfoque estaba orientado a la gestión de crisis, dejando de lado las instrucciones sobre la contratación ordinaria, ya que la prioridad era salvar vidas.
El futuro del SAS en el contexto judicial
La situación del SAS sigue siendo un tema candente en la agenda política andaluza. Con la crisis sanitaria aún presente y un debate sobre la eficacia de la gestión anterior, el futuro de la sanidad pública en la región se encuentra en la balanza. A medida que avanzan las investigaciones y se espera un juicio, la presión sobre los responsables de esta gestión aumenta.
Es evidente que la crisis del Covid-19 ha marcado un antes y un después en la sanidad en Andalucía. Las decisiones tomadas durante esos difíciles momentos están ahora bajo el escrutinio de la justicia. La forma en que estos ex gerentes manejen su defensa en los tribunales podría tener implicaciones significativas, no solo para ellos, sino también para la confianza pública en el sistema de salud andaluz.
