El convenio alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos representa un hito significativo en la optimización de los salarios para los empleados públicos en España.
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Un reciente acuerdo entre el Gobierno español y los sindicatos UGT y CSIF beneficiará a aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos. Este pacto establece una subida salarial del 11% entre 2025 y 2028, lo que marca un avance importante en las condiciones laborales de estos trabajadores.
La confederación de trabajadores CC OO ha decidido no firmar el acuerdo por el momento, generando incertidumbre sobre su postura final.
El acuerdo contempla aumentos salariales anuales: en 2025, los salarios se incrementarán en un 2,5%, retroactivo desde el 1 de enero.
Esto permitirá a los empleados recibir compensaciones en las nóminas de diciembre. En enero de 2026, se añadirá otro 1,5%, con un 0,5% variable condicionado a que el IPC de ese año sea igual o superior al 1,5%. Así, se espera que para 2027, la retribución aumente en un 4,5% adicional.
Detalles del acuerdo salarial
El aumento acumulado del 11% impactará no solo los salarios base, sino que también tendrá un efecto arrastre sobre otros complementos, según estimaciones de los sindicatos. Esto podría resultar en un aumento real del 11,4%, lo que se traduce en un incremento del 2,9% en el poder adquisitivo a lo largo del periodo. Este acuerdo es fruto de intensas negociaciones y movilizaciones, con amenazas de huelgas si no se alcanzaba un entendimiento sobre la mejora salarial.
Compromisos adicionales del Gobierno
Además de los aumentos salariales, el Gobierno se ha comprometido a eliminar progresivamente la tasa de reposición, que limita las ofertas de empleo público. Se plantean mejoras en los procesos de selección y en la carrera profesional de los funcionarios. Por ejemplo, se busca que el tiempo desde la convocatoria de una oferta de empleo hasta que el funcionario asuma su puesto no supere un año, un plazo que actualmente suele ser mayor.
Asimismo, se prevén cambios en la jubilación parcial y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas, junto con un análisis de los complementos de residencia y de indemnizaciones por razón de servicio. Estas medidas buscan reducir las desigualdades existentes entre diferentes empleados públicos.
Reacciones de los sindicatos
Las reacciones de los sindicatos han sido diversas. UGT ha expresado su apoyo al acuerdo, subrayando la importancia de mejorar la calidad del empleo público. En cambio, CC OO está en proceso de evaluación de la situación. CSIF, por su parte, considera que la oferta es insuficiente, argumentando que no compensa las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas en los últimos años debido a recortes y limitaciones presupuestarias.
El impacto de la inflación en el poder adquisitivo
CSIF ha señalado que, desde, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 20%. A pesar de la propuesta de mejora, este sindicato insiste en que las condiciones del pacto no son suficientes para revertir la situación. Sin embargo, han dejado abierta la puerta a seguir negociando y han advertido que, si no se logra un acuerdo satisfactorio, podrían retomar las movilizaciones.
El acuerdo alcanzado representa una oportunidad significativa para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos en España. No obstante, la falta de consenso total entre los sindicatos indica que el camino hacia la plena satisfacción de sus demandas podría enfrentar desafíos. La Comisión de Seguimiento del pacto se establecerá en un plazo de 15 días tras la firma, lo que permitirá supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
