El exministro de Transportes y su asesor se encuentran bajo prisión provisional debido a riesgos de fuga y serias acusaciones de corrupción.
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En un giro significativo del caso que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, el Tribunal Supremo ha decidido imponer prisión provisional a ambos. Este fallo se fundamenta en el aparente riesgo de que pudieran evadir la justicia, así como en la gravedad de los delitos que se les imputan.
La decisión se produce en un contexto donde las acusaciones de corrupción durante la compra de mascarillas en la pandemia han cobrado fuerza.
La resolución del juez Leopoldo Puente destaca que el riesgo de fuga es, en este momento, “extremo”.
Esta situación ha llevado a la Fiscalía y a la acusación popular a solicitar la prisión preventiva, lo que ha motivado esta decisión judicial. En contraste, otro implicado en el caso, el empresario Víctor de Aldama, ha sido mantenido en libertad provisional debido a su colaboración con la justicia.
Argumentos del juez para la prisión provisional
En sus escritos, el magistrado Puente ha expuesto que, aunque ambos acusados habían sido sometidos a medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante el juzgado, estas no son suficientes para garantizar su presencia en el juicio. Puente ha señalado que los indicios de criminalidad son sólidos y que el juicio está próximo, lo que aumenta la posibilidad de que intenten eludir la acción judicial.
La gravedad de los delitos y el riesgo de fuga
La Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, lo que, según el fiscal Alejandro Luzón, intensifica el riesgo de fuga. La naturaleza de los delitos, que incluye la integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, implica que las consecuencias legales son severas, lo que podría motivar a los acusados a intentar escapar.
Además, el juez ha argumentado que la condición de diputado de Ábalos no proporciona un arraigo suficiente en España, dado que la posibilidad de perder su cargo en caso de condena es alta. La situación personal de ambos acusados tampoco ha sido considerada un factor mitigante, ya que Ábalos está divorciado y García, aunque tiene una familia, podría verse en la misma situación si decidieran huir.
Posibilidades de evasión y recursos legales
La decisión del juez también se fundamenta en la posibilidad de que Ábalos disponga de recursos económicos en el extranjero. Como exministro, tenía acceso a redes de contactos internacionales, lo que podría facilitar su evasión. Además, se ha señalado que posee un inmueble en Perú y ha recibido ingresos de su hijo que podrían proceder del extranjero, lo que alimenta la sospecha sobre su capacidad para ocultar activos.
Impacto de la sentencia y derechos parlamentarios
El magistrado ha aclarado que, si son condenados, la sentencia no será apelable, lo que significa que entrarían en prisión de inmediato. Esto contrasta con las expectativas de Ábalos, quien ha argumentado que su salario como diputado debería ser un factor que mitigara el riesgo de fuga. Sin embargo, el juez ha refutado esta idea, indicando que su situación laboral no lo vincula significativamente a España en este contexto.
El derecho a la participación política de Ábalos también ha sido un punto de debate, pero el magistrado enfatiza que su decisión no afecta su derecho a ser representante en el Congreso. La responsabilidad de cualquier cambio en su situación recae en la Cámara baja, que debe seguir su propio reglamento.
La prisión provisional de Ábalos y García se basa en un análisis exhaustivo del riesgo de fuga y la seriedad de los cargos que enfrentan. A medida que el caso avanza hacia el juicio, las implicaciones para ambos son significativas, y la atención del público y los medios se centrará en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días.
