Relato de las piezas clave del sumario: la influencia de Víctor de Aldama, la postura de José Luis Ábalos y las pruebas forenses de la UCO que se presentan en el juicio
En el debate que se desarrolla en el Tribunal Supremo se han puesto sobre la mesa los mecanismos que, según la acusación, permitieron amañar contratos de material sanitario. Las sesiones celebradas el 27/04/2026 y las informaciones difundidas hasta el 30/04/2026 explican cómo, según los investigadores, emergió una relación de reciprocidad económica entre un empresario comisionista y personas próximas a cargos públicos.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sido claros al describir tanto la estructura como la dinámica de esa supuesta organización.
Los nombres que aparecen en el proceso son familiares: Víctor de Aldama como presunto cerebro económico, José Luis Ábalos señalado como figura clave desde el Gobierno y Koldo García como asesor vinculado al Ministerio.
Los investigadores sostienen que Aldama alcanzó «acceso total» a altas instancias y que, pese a que en las grabaciones se refería a Ábalos como «el jefe», la realidad práctica fue otra: quien pagaba exigía y marcaba el calendario de las actuaciones. En este contexto surgieron también frases que han trascendido fuera del sumario y que ilustran tensión entre los implicados.
Jerarquías y responsabilidades en la supuesta red
En la sala, los agentes de la UCO insistieron en que la trama funcionó con una división de roles clara: hay quienes abrían puertas por su posición pública y otros que financiaban y ordenaban operaciones desde la sombra. El argumento recurrente fue que Ábalos aportó la capacidad institucional que la organización necesitaba, pero que la iniciativa y las exigencias partían de Víctor de Aldama. Según los investigadores, sin la colaboración formal o informal de políticos cercanos no se habrían tramitado determinados contratos ni se habrían obtenido salvoconductos y autorizaciones rápidas.
El papel de Víctor de Aldama: influencia y exigencias
Las comparecencias recogen ejemplos concretos sobre cómo Aldama presionaba para obtener beneficios: insistencias para que se otorgaran salvoconductos a personas de su entorno o gestiones para acelerar rescates empresariales, como el de Air Europa. Los agentes contaron que Aldama solicitó a través de intermediarios que se «molestara» a Ábalos para que interviniera, y que esas peticiones terminaron por activarse. Además, la UCO cifró una contraprestación mensual de 1.000 euros que supuestamente llegó a recibir tanto Koldo García como Ábalos, una aportación que, según los investigadores, se prolongó más allá de la etapa ministerial de Ábalos.
Pruebas, técnicas forenses y lenguaje en clave
La investigación presentó también aspectos técnicos: los peritos de la Guardia Civil defendieron que los procedimientos forenses garantizan la integridad de las pruebas y que, en este caso, era «imposible» manipular los ficheros intervenidos por el volumen y la forma del volcado forense. Asimismo, los agentes explicaron que los tres acusados utilizaban un argot constante para referirse a procedimientos concretos, por ejemplo empleando la palabra «café» para aludir a comunicaciones con teléfonos desechables suministrados por un comandante implicado en la trama.
Entrada y medidas policiales
En relación con las diligencias de entrada en domicilios, los investigadores justificaron que, en el caso de Koldo García, la actuación se apoyó en una conversación interceptada en la que se escuchó una amenaza: «si alguien entraba en su casa se iba a liar a tiros». Por ese motivo se actuó con mayor contundencia, han explicado, y han negado tener constancias de que García fuera colaborador o confidente de la Guardia Civil, rechazando con ello versiones que circulaban en el entorno de la investigación.
Acceso a altas instancias y visitas diplomáticas
Otro de los ejes de la acusación es la facilidad que, según la UCO, tenía la trama para permear en diferentes ministerios y estamentos de alto rango. Los investigadores aludieron, entre otras cuestiones, a la gestión informativa sobre la visita de la entonces vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en 2026, y a contactos que habrían llegado hasta el presidente del Gobierno de entonces, Pedro Sánchez. Ese punto subraya, según la Fiscalía y la UCO, la capacidad de la organización para influir más allá del mero intermediario comercial.
Conclusiones provisionales y repercusiones
En el juicio se combinan pruebas técnicas, escuchas y testimonios que dibujan una red compleja donde el peso económico y el papel institucional se retroalimentaban. Frases que han salido a la luz, como la reacción atribuida a Koldo García —según el empresario Víctor de Aldama— ante una advertencia del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero: «Que le den por culo a ZP»— sirven para ilustrar el clima de confrontación y desdén que, según la acusación, rodeaba a las negociaciones. Ahora corresponde al Tribunal Supremo valorar la solidez de las pruebas y determinar responsabilidades en un proceso que ha puesto en el foco la mezcla de poder, influencia y dinero en contratos públicos.
