El juez Santiago Pedraz ha ampliado la investigación que rodea al caso Leire Díez e incluye a Santos Cerdán entre los imputados; la causa investiga pagos, reuniones y presuntas maniobras para torcer procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno
La Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, ha dado un nuevo impulso a la causa en torno a la exmilitante socialista Leire Díez. La investigación, que ya incluía detenciones y registros previos, se ha ampliado con imputaciones de alto perfil y órdenes de entrada y registro en la sede del PSOE en la calle Ferraz y en varios domicilios vinculados a los investigados.
Los hechos que examina el juez combinan supuestas transferencias de dinero, reuniones fuera de la sede y contactos con funcionarios judiciales y fiscales.
Según el auto, el origen del refuerzo en las pesquisas se encuentra en un conjunto de anotaciones, comunicaciones y movimientos económicos que los investigadores consideran suficientes para ampliar el núcleo de personas señaladas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado para requerir documentación electrónica y papel relacionada con pagos y comunicaciones. Entre los puntos clave del sumario aparecen reuniones, comisiones y la supuesta actuación coordinada de un grupo que habría buscado proteger intereses vinculados al partido.
Qué investiga el juez y el alcance de la pesquisa
El procedimiento inicial, instruido por la Audiencia Nacional, se centró en la investigación de contratos y adjudicaciones presuntamente amañadas relacionadas con la SEPI y empresas públicas. En esa fase fueron detenidos, entre otros, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. El caso descubrió una operativa que, según la UCO, habría generado alrededor de 700 000 euros en comisiones. Ahora, al ampliar la causa, el magistrado incorpora nuevas líneas que apuntan a intentos de influencia sobre procedimientos judiciales y a supuestos pagos destinados a desactivar o diluir investigaciones que afectaban al partido y a miembros del Gobierno.
Nuevas imputaciones y tipología de delitos señalados
Entre los nuevos imputados figura el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el empresario Javier Pérez Dolset. El auto atribuye a los investigados presuntos delitos como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Asimismo, se investiga la participación de abogados y agentes que habrían facilitado información o cometido actuaciones irregulares en el marco de otras causas conexas.
Reuniones, pagos y el denominado grupo
El auto recoge, entre otras evidencias, al menos diecisiete reuniones entre Cerdán y Díez celebradas fuera de la sede del partido. Según las anotaciones citadas por el juez, el punto de inflexión se sitúa en el llamado periodo de reflexión del presidente del Gobierno tras la imputación de su esposa, cuando, a juicio de los investigadores, se intensificaron los contactos para hallar soluciones a causas judiciales sensibles. Además, se documentan entregas en efectivo —como los supuestos 90 000 euros referidos por una empresaria— y pagos a intermediarios legales por importes como 125 000 euros que, según la investigación, procedían del partido.
Actuaciones en curso y posibles consecuencias
Los registros practicados incluyen la sede del PSOE en Ferraz, la vivienda del investigado en Milagro (Navarra) y domicilios en Madrid y Móstoles vinculados a otros imputados. La instrucción se mantiene bajo secreto de sumario, por lo que muchas diligencias y comunicaciones están aún reservadas. El juez ha incluido asimismo a letrados y a un guardia civil en la investigación por su presunta relación con la filtración de datos o la facilitación de acciones encaminadas a torcer el curso de expedientes judiciales.
Implicaciones políticas y procesales
En el plano político, la ampliación afecta a la imagen del partido y plantea preguntas sobre la gestión interna de la organización. En lo procesal, la incorporación de nuevos hechos y personas eleva la complejidad del sumario y puede prolongar la fase de instrucción mientras se examinan documentos bancarios, comunicaciones y testimonios. Entre los nombres citados por el juez aparecen también figuras como Ismael Oliver, Jacobo Teijelo, Juan Sánchez Yepes, Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, cuya responsabilidad se determinará conforme avance la investigación.
El desarrollo de las pesquisas dependerá de la obtención y análisis de la documentación reclamada y de las declaraciones que practique el instructor. Para los investigadores, la prioridad es determinar si existió un plan coordinado para desactivar causas que perjudicaban al partido, quiénes financiaron esas maniobras y qué intermediarios resultaron decisivos. Mientras tanto, los procedimientos paralelos relacionados con adjudicaciones públicas y comisiones siguen abiertos y son pieza clave para reconstruir la cadena de hechos señalada por el juez.
