El instructor Santiago Pedraz dirige una investigación sobre una red que, según el auto, intentó desestabilizar causas que afectan al PSOE y al Gobierno; entre los investigados están Santos Cerdán, Leire Díez y el guardia civil Juan Sánchez Yepes
La Audiencia Nacional, bajo el mandato del magistrado Santiago Pedraz, ha activado una investigación que enraíza en documentos intervenidos y declaraciones que apuntan a una organización dedicada a impedir o entorpecer procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
El expediente, que trascendió el 27/05/2026, parte de una operación previa contra la llamada «fontanera» del partido, Leire Díez, y del análisis de la documentación incautada han surgido nuevos indicios que motivaron una orden para que la Unidad Central Operativa (UCO) requiriera archivos en la sede de Ferraz.
La investigación indaga pagos y un entramado de facturación que habrían servido para remunerar actuaciones destinadas a generar información favorable al partido o a frenar pesquisas incómodas. El juez enumera delitos graves como organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros; por ello considera proporcionadas las medidas cautelares que ordenó y ha dirigido la pesquisa hacia personas físicas y jurídicas vinculadas al caso.
Las órdenes del juez y las actuaciones en Ferraz
Pedraz ha ordenado requerimientos de documentación y archivos electrónicos que afectan tanto a responsables del partido como a empresas y despachos señalados en las diligencias. Ese movimiento procesal buscó corroborar si existió un plan sistemático para filtrar información o influir en el curso de causas sensibles. En paralelo, la causa incorpora piezas separadas, entre ellas la relativa al presunto fraude en el sector de los hidrocarburos (conocida como Gaslow), donde se investigan vínculos con personas que aparecen también en otras ramas del expediente.
Los autos recogen la intervención directa de la UCO en las diligencias y la petición inmediata de toda la documentación solicitada a los representantes legales de las entidades requeridas. El magistrado argumenta que la gravedad del asunto radica no solo en las penas asociadas a los delitos señalados, sino también en el volumen económico de las operaciones que se investigan, lo que explica el despliegue de medidas para asegurar pruebas.
Implicados y roles
Figuras clave y cargos
Entre los investigados aparecen el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero Gaspar Zarrías y el letrado Ismael Oliver. También constan imputaciones contra el abogado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes, este último señalado por el juez como vínculo entre la trama y miembros de la UCO. Además, se investigan criterios de colaboración en actos concretos por parte del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, y el diputado Juan Francisco Serrano Martínez.
Pagos, facturas y estructura financiera
El auto detalla pagos periódicos, entre ellos una retribución mensual de 4.000 euros a favor de Leire Díez con cargo a fondos del partido. Para ocultar el origen de esos pagos, la instrucción apunta a la utilización de sociedades pantalla y a la emisión de facturas mendaces por supuestos servicios de consultoría. Se cita la presunta participación de la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes, en la firma de documentación que habría servido para justificar desembolsos, entre los que figura un abono de 27.225 euros a un despacho vinculado al caso.
Empresas y soportes contables
El expediente menciona sociedades vinculadas a históricos del partido y a colaboradores que habrían actuado como intermediarias para canalizar pagos. En esas piezas aparecen nombres y sociedades, y el juez reclama facturación, contratos y correos electrónicos que permitan reconstruir el circuito económico. La presunta utilización de estas vías se investiga tanto por la posible comisión de delitos fiscales como por su finalidad de enmascarar el origen político de las remuneraciones.
Objetivos atribuidos a la red y contexto político
Según las actuaciones, la trama perseguía neutralizar a instructores y fiscales incómodos mediante filtraciones, denuncias infundadas y presiones. En el relato de la causa se alude a la intención de parar investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno; fuentes incorporadas a la pieza señalan que la decisión de activar operaciones de defensa interna cobró fuerza tras hechos vinculados al periodo denominado de reflexión de Pedro Sánchez y, en concreto, después de un encuentro celebrado el 26 de abril de 2026 en la sede del partido.
El auto menciona además intentos de interlocución con la Abogacía del Estado y la Fiscalía, así como la búsqueda de información sensible de la UCO para anticipar o neutralizar movimientos procesales. Otros nombres de jueces y fiscales citados en las diligencias reflejan la amplitud de las pesquisas que la red supuestamente trató de afectar.
Medidas, riesgos procesales y próximos pasos
La instrucción continúa con diligencias de prueba y con la posibilidad de abrir nuevas piezas según avance el análisis documental y las declaraciones. El juez ha ordenado la entrega inmediata de archivos y correos y evalúa la responsabilidad penal individualizada de cada implicado. El proceso obliga a una atención sostenida por su mezcla de política, seguridad y finanzas, y por la eventual implicación de agentes públicos que, de demostrarse, añadiría un componente de gravedad institucional al caso.
En los próximos trámites se espera que las actuaciones de la UCO y la documentación solicitada permitan precisar el alcance de los pagos, la participación de terceras personas y la correlación entre órdenes internas del partido y los resultados en la vía penal. La investigación sigue abierta y pendiente de nuevas resoluciones judiciales, declaraciones y ratificaciones que definirán la estructura final del caso.
