La UCO ha requisado documentos en Ferraz en el marco de una pieza secreta que investiga supuestos pagos y contratos irregulares vinculados al caso Leire
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz por orden de la Audiencia Nacional. La actuación forma parte de una pieza que, según el auto judicial, busca recopilar documentación y archivos electrónicos relacionados con una red que presuntamente trató de influir en procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.
El magistrado instructor ha autorizado requerimientos dirigidos a personas físicas, jurídicas y a entidades tanto públicas como privadas con el objetivo de obtener pruebas que permitan avanzar en la investigación.
El procedimiento judicial que supervisa el juez Santiago Pedraz se articula en torno a una pieza secreta y se describe como de especial gravedad por el volumen económico involucrado y la naturaleza de los hechos.
Las diligencias incluyen peticiones inmediatas de material digital y documentación contable, y la investigación sigue un itinerario amplio que abarca domicilios, empresas y órganos institucionales. Las medidas están justificadas en el auto por la posible comisión de diversos delitos y por el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas.
Qué ha ordenado la Audiencia Nacional
El juez ha requerido a la UCO acudir a Ferraz para obtener información detallada sobre pagos y facturas, así como otros archivos que puedan aportar pistas sobre la trama investigada. En los autos se concreta la entrega inmediata de correos, informes internos, facturas y cualquier archivo electrónico que guarde relación con los hechos. La resolución judicial también ordena requisas y peticiones de documentación a empresas vinculadas a contratos públicos, y solicita colaboración de administraciones que puedan tener registros relevantes. El objetivo formal es reunir indicios suficientes para determinar responsabilidades penales.
Quiénes están imputados y los delitos que se investigan
En la investigación aparecen como imputados el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la figura conocida como Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver, entre otros. El magistrado imputa a estas personas y a algunos colaboradores una batería de supuestos delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado. Además, la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE aparece señalada, al menos como cómplice, por su posible participación en la emisión de facturas mendaces.
Otros investigados y responsabilidades en estudio
El auto también menciona a abogados y a un miembro de la Guardia Civil entre los investigados por la presunta revelación de secretos y cohecho. Se apunta a colaboraciones puntuales de varios individuos cuyo grado de implicación deberá concretarse a medida que avance la instrucción. El juez subraya que habrá que esperar al desarrollo de las diligencias para precisar la responsabilidad penal de algunos de los señalados, aunque ya figura un elenco amplio de personas y entidades llamadas a aportar documentación.
Origen de la pieza: el caso Leire y los contratos investigados
La pieza arrancó a partir de la investigación sobre la llamada “fontanera” Leire Díez y tres socios vinculados a adjudicaciones públicas. En concreto, se analizan cinco contratos adjudicados entre 2026 y 2026 por un importe conjunto de 132 millones de euros. Las operaciones señaladas implican entidades como Mercasa, Sepides, Enusa, la SEPI y el Parque Empresarial del Principado de Asturias, y beneficiarían a empresas intervinientes como Servinabar, Forestalia (a través de la filial Arpallet), Residuos de Melilla, Tubos Reunidos y Erri Berri.
Según el informe de la investigación, para instrumentar algunas de estas operaciones se habría utilizado una sociedad llamada Mediaciones Martínez, contratada por las adjudicatarias tras resoluciones favorables. La SEPI, por ejemplo, rescataría a Tubos Reunidos en 2026 con ayudas por 112,8 millones de euros, un dato relevante en el entramado analizado. En las pesquisas también han intervenido comunicaciones privadas, entre ellas un grupo de mensajería denominado «Hirurok«, que en euskera remite al concepto de ‘nosotros tres’ y que habría sido usado por algunos de los investigados para coordinar actuaciones.
Actuación de la UCO y reacciones políticas
Además del registro en Ferraz, los agentes de la UCO han realizado entradas en domicilios vinculados a los imputados, entre ellos propiedades en Milagro (Navarra), en Madrid y en Mairena del Aljarafe, así como en el domicilio del empresario en Móstoles. Se han pedido documentos a una decena de empresas, incluidas agencias auxiliares, y se ha requerido información a la Dirección General de la Guardia Civil. La noticia ha alterado la actividad parlamentaria: la entrada de la Guardia Civil en la sede socialista coincidió con la apertura de la sesión de control al Gobierno y suscitó críticas políticas.
Impacto político inmediato
Voceros de partidos de la oposición han calificado los hechos de extraordinaria gravedad y han reclamado medidas políticas, incluso llamamientos a elecciones por parte de líderes concretos. A su vez, el Gobierno afrontó la circunstancia con el presidente fuera del país, donde participaba en una audiencia en el Vaticano, y desde Moncloa se han limitado a destacar el respeto a la independencia judicial. El procedimiento, por su naturaleza y alcance económico, mantiene la tensión política y deja abierta la posibilidad de nuevas medidas judiciales.
Qué sigue en la investigación
Los próximos pasos incluirán el análisis forense de los archivos electrónicos recopilados y la valoración de la contabilidad y facturación señalada en los autos. La investigación seguirá su curso en la Audiencia Nacional, con nuevas diligencias para precisar vínculos y responsabilidades penales. Mientras tanto, todas las partes implicadas mantienen su derecho a la defensa y la instrucción deberá dilucidar si existen pruebas suficientes para convertir indicios en acusaciones formales.
