El magistrado José Luis Calama blindó las pesquisas de la UDEF con prohibiciones de comunicación y órdenes de acceso a correos oficiales para preservar evidencias clave
La instrucción del caso Plus Ultra ha dado un giro procesal relevante: el juez José Luis Calama impuso que los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) actúen bajo un régimen de absoluta reserva y no informen a sus superiores orgánicos sobre el desarrollo de las diligencias.
Esta decisión parte de la existencia de indicios sobre la posible implicación de personas con altas responsabilidades en instituciones públicas, además de relaciones que conectan a la trama con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, lo que aumenta el riesgo de interferencias externas.
El auto del magistrado fechado el pasado 12 de marzo refuerza una resolución anterior de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que tras abrir el procedimiento en 2026 se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. La orden judicial designa mandos concretos de la UDEF y de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción para practicar diligencias con acceso íntegro al sumario, y establece que su dependencia informativa sea exclusiva con el órgano judicial y el Ministerio Fiscal, prohibiendo cualquier comunicación externa.
Medidas técnicas y peticiones sobre comunicaciones
Ante la imposibilidad de clonar el teléfono móvil del expresidente, la Brigada solicitó y obtuvo autorización para acceder al correo electrónico profesional de José Luis Rodríguez Zapatero. La petición, formulada el 14 de mayo, requirió a Acens Technologies SLU la entrega completa del buzón [email protected] desde el 20 de marzo de 2026, incluyendo bandeja de entrada, salida, borradores y elementos eliminados. Paralelamente, se ordenó el acceso a cuentas vinculadas a la sociedad 10DENCEHISPAHARD SL y a varias cuentas de la mercantil What The Fav, entre ellas las profesionales de las hijas del expresidente.
Además, la Audiencia Nacional requirió a la SEPI los correos electrónicos del expediente Plus Ultra correspondientes a 2026 y 2026, después de que la UDEF alertara de que hasta ahora solo había recibido documentación de 2026. También se pidió documentación a Deloitte, autora del informe asesor sobre el préstamo de 53 millones, y certificados relativos a la deuda con la Seguridad Social a fecha del 24 de febrero de 2026, así como el contrato de arrendamiento de aeronave con MODUS SECURITISATION S.A..
Hallazgos del informe UDEF y elementos de riesgo
El atestado identificado como informe 1908/26, fechado el 22 de abril de 2026, reconstruye comunicaciones, contratos, pagos y gestiones en torno al rescate de 53 millones y contiene frases que describen intentos de desactivar la causa, como «La fiscal jefa es amiga». Ese documento sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de una red de influencia y recoge mensajes atribuidos al móvil del expresidente —por ejemplo, «En tiempo y en forma. Exitosa gestión…»— relacionados con operaciones como la participación de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino en compraventa de petróleo venezolano y maniobras contables ante la SEPI para obtener la ayuda pública.
Protección de la investigación y posibles interferencias
El juez fundamenta la prohibición de comunicación externa en varios elementos: la aparición de una presunta organización criminal con capacidad operativa, la sensibilidad de la información intervenida, la existencia de canales de comunicación sofisticados y la posible utilización de estructuras societarias opacas. Estas circunstancias justifican, según el auto, la necesidad de evitar filtraciones que podrían comprometer la eficacia de diligencias pendientes y la integridad de las pruebas agregadas al sumario.
Responsables designados y límites a la cadena de mando
La resolución señala expresamente a los jefes de la UDEF y de la Brigada Central de Blanqueo como encargados de ejecutar las actuaciones, otorgándoles acceso íntegro al contenido procesal. A ellos y a sus subordinados se les exige actuar únicamente bajo las instrucciones del órgano judicial y del Ministerio Fiscal, quedando prohibida cualquier comunicación con superiores orgánicos o terceros ajenos al procedimiento, y obligados a poner en conocimiento inmediato del juzgado cualquier incidencia que pueda vulnerar la confidencialidad.
Implicaciones judiciales y políticas
Las medidas adoptadas tienen un evidente efecto procesal y político: la imputación del expresidente y las alusiones a intentos de paralizar la investigación abren un conflicto sobre la influencia institucional y la necesidad de preservar la independencia de la instrucción. La combinación de diligencias técnicas —acceso a correos, solicitudes a empresas proveedoras, peritajes contables— y el blindaje informativo reflejan la intención del instructor de salvaguardar el procedimiento frente a posibles presiones o filtraciones que dificulten la reconstrucción de hechos.
El proceso continúa con diligencias en curso, requerimientos a administraciones y empresas y el análisis pormenorizado de mensajes y movimientos financieros. Los pasos que marque la Audiencia Nacional y las pruebas obtenidas por la UDEF serán clave para determinar responsabilidades y, en su caso, para sustentar las decisiones judiciales posteriores. La combinación de acceso a comunicaciones oficiales y medidas de reserva absoluta busca garantizar que la instrucción avance con la mayor integridad posible.
