Investigación conecta el préstamo a Plus Ultra con una red que habría movido oro, fondos de los CLAP y transferencias vinculadas a varias sociedades
El proceso que sacudió la política y los tribunales arrancó con una investigación que, tras ser archivada en Madrid, volvió a cobrar impulso cuando autoridades de otros países enviaron información sensible a España. En el centro del caso figura el rescate público de Plus Ultra y, diez pasos después, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad.
Los documentos internacionales describen movimientos financieros y operaciones comerciales que apuntan a una trama con ramificaciones en Europa, Emiratos y Venezuela.
La documentación remitida por las fiscalías de Francia y Suiza incluyó indicios de blanqueo relacionado con ventas de oro, pagos por contratos vinculados a los CLAP y sociedades pantalla que habrían terminado canalizando recursos hacia beneficiarios en España.
Según esos informes, la operación no sería aislada: se trataría de una red compleja donde aparecen nombres clave como Rodolfo Reyes, Miguel Palomero, Felipe Baca y el holandés Simon Verhoeven, así como empresas radicadas en Emiratos Árabes Unidas.
Origen y reactivación de la causa
La instrucción arrancó en Madrid, pero el primer impulso judicial local concluyó con un archivo por un defecto procesal en el Juzgado de Instrucción número 15. Aun así, a finales de 2026 llegó a la Fiscalía Anticorrupción información remitida desde Ginebra y París que describía una estructura de blanqueo de capitales vinculada al comercio de oro y a fondos relacionados con los CLAP. Esos avisos señalaron además un nexo entre el rescate de la aerolínea y un financiero neerlandés afincado en Suiza, reabriendo la investigación con un enfoque que va de lo transnacional a lo local.
Redes y personajes clave
La trama, según las piezas incorporadas al sumario, conecta a empresarios que controlaron Plus Ultra con operadores que, en paralelo, habrían gestionado ingresos procedentes de contratos alimentarios y ventas de oro del Estado venezolano. Rodolfo Reyes figura como accionista mayoritario de la compañía a través de Snip Aviation y, según el auto de imputación, habría impulsado los contactos con figuras políticas que facilitaron las gestiones. Miguel Palomero aparece como intermediario entre la aerolínea y asesores del Ministerio, mientras que registros extranjeros apuntan a conversaciones sobre el transporte de «cinco u ocho toneladas de oro desde Caracas a Dubái», una cantidad cuyo valor de mercado se calcula en torno a 1.170 millones de dólares para ocho toneladas.
Operaciones financieras y pruebas documentales
Las pruebas incorporadas describen transferencias justificadas con facturas falsas, compras inmobiliarias y pagos cruzados entre sociedades. Por ejemplo, se atribuye a una sociedad vinculada a la esposa de Reyes la adquisición de dos inmuebles en España por 4 millones y 7,7 millones de euros. Además, la Policía detectó una transferencia de 110.000 euros desde una cuenta en Bahamas de Gilberto Morales Reverón hacia una cuenta vinculada a Miguel Palomero. El auditor de Plus Ultra confirmó, por su parte, un pago de 531.000 euros que correspondería a una comisión del 1% del préstamo.
Vínculos internacionales y antecedentes
En paralelo a las pesquisas en Europa aparecen elementos que conectan la causa con investigaciones en Estados Unidos y en Venezuela: el FBI había consultado a autoridades españolas por la actividad de Gilberto Morales, y tribunales en Florida investigan la supuesta explotación de contratos vinculados a los CLAP, donde figura el empresario Alex Saab. También emergen referencias a una sociedad emiratí, Noor Capital, presuntamente relacionada con la venta de oro del Banco Central de Venezuela y con el Fondo de Desarrollo Nacional, entidad creada en 2005 para administrar ingresos de minerales.
Implicaciones judiciales y políticas
La imputación de un expresidente marca un punto de inflexión: el juez instructor, José Luis Calama, dirige la causa en la Audiencia Nacional y ordenó diligencias que incluyen registros en despachos y la búsqueda de activos ocultos. La instrucción mezcla cuestiones formales sobre concesión de ayudas públicas —el préstamo de 53 millones de euros gestionado por la SEPI— con la investigación de posibles canales de blanqueo que habrían servido para introducir fondos de origen dudoso en el circuito empresarial europeo. El caso plantea además un debate político sobre la supervisión administrativa y la diligencia requerida en ayudas a empresas en dificultad.
Mientras la investigación prosigue, las piezas internacionales y las audiencias pendientes conectan una red de operaciones económicas con decisiones políticas y financieras. El sumario sigue abierto y la acumulación de pruebas procedentes del extranjero es la que ha cambiado el rumbo de una causa que inicialmente parecía circunscrita a la solvencia de una aerolínea y hoy toca estructuras transnacionales vinculadas al oro, al petróleo y a los CLAP.
