Una demanda colectiva alega violencia por parte de guardias, atención médica deficiente y condiciones de vida deplorables en Camp East Montana, instalación de detención en Fort Bliss.
Un grupo de cuatro personas detenidas en el mayor centro de detención de Immigration and Customs Enforcement (ICE) presentó una demanda federal que describe lo que califican como condiciones inhumanas y negligencia médica grave dentro de Camp East Montana, un campamento de carpas ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas.
La querella, presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, acusa a las autoridades de vulnerar derechos constitucionales y normas internacionales al someter a las personas detenidas a tratos que incluyen violencia física, falta de atención sanitaria y alojamiento precario.
Los demandantes buscan representar a todas las personas actualmente detenidas y a las que puedan ser alojadas en el futuro, solicitando que el caso se considere como una acción colectiva. Organismos como la American Civil Liberties Union (ACLU) acompañan la presentación. Según el texto de la demanda, las condiciones en el recinto incluyen desde malos olores persistentes hasta raciones de comida insuficientes y ausencia de acceso confiable a agua y artículos de higiene básicos.
Relatos de abuso y negligencia
El documento legal relata episodios concretos: uno de los nombrados, Gerald Akari Angye, afirma haber recibido golpes tan severos por parte de guardias que requirió hospitalización y el uso de una silla de ruedas, seguido por 15 días en aislamiento. Otro detenido identificado como Navdeep, ex trabajador de correo sin antecedentes penales, describe que el agua de los inodoros llegó a su área de descanso, que no pudo obtener vasos para beber y que sufrió problemas respiratorios por el polvo del desierto. Navdeep relata además que debió llevar la misma ropa interior durante tres semanas, un detalle que subraya la falta de suministros básicos.
Impacto sobre la salud
La demanda subraya que personas con enfermedades crónicas—HIV, cáncer, diabetes y otras—no habrían recibido sus medicamentos de manera oportuna. En febrero, la instalación fue cerrada temporalmente a visitantes por un brote de sarampión, según reportes. Además, en inspecciones anteriores ICE habría identificado múltiples incumplimientos por parte del centro, entre ellos deficiencias en la documentación de controles destinados a prevenir autolesiones y suicidios. Los denunciantes también señalan la existencia de unidades habitacionales sin ventanas, espacios sobrepoblados y olores persistentes de heces y orina.
Respuesta oficial y contexto institucional
En la demanda figuran como demandados el director de ICE, Todd Lyons, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional respondió por correo electrónico rechazando las acusaciones como «categoricamente falsas» y afirmó que ICE se somete a auditorías externas para garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales de detención. El comunicado oficial sostiene que se proporcionan comidas adecuadas, agua de calidad, mantas y atención médica, además de posibilidades para comunicarse con abogados y familiares.
Capacidad y hechos previos
Camp East Montana abrió en 2026 como un extenso campamento de carpas en el desierto de Chihuahua, con capacidad para hasta 5.000 personas, aunque suele albergar alrededor de 3.000. Informes previos vinculan al centro con al menos tres muertes, incluida la de Gerald Lunas Campos, un ciudadano cubano cuya muerte fue calificada como homicidio por la oficina forense del condado de El Paso; hasta ahora no se han presentado cargos. En una inspección reciente ICE halló 49 violaciones a estándares de detención, entre ellas atención médica inadecuada y fallos en los registros de supervisión, hallazgos que DHS ha disputado.
Reacciones políticas y sociales
La instalación ha atraído la atención de legisladores y defensores de derechos humanos. Varios miembros del Congreso realizaron visitas sin previo aviso. La congresista de Minnesota Kelly Morrison dijo haber quedado horrorizada por lo que vio tras una visita en la que encontró crueldad en el trato a las personas detenidas; su viaje se vinculó a una transferencia masiva de detenidos desde Minneapolis hacia el campamento durante una operación federal. Grupos defensores y exdetenidos llevan meses pidiendo el cierre del centro.
La demanda describe un patrón de acusaciones que, de confirmarse, pondría de relieve problemas estructurales en la gestión de centros de detención temporales en entornos militares y desérticos. El litigio pretende no solo buscar reparaciones individuales, sino provocar cambios sistémicos en la forma en que se trata a las personas migrantes bajo custodia federal.
