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Aprobado el fusilamiento como pena de muerte en Carolina del Sur

Una nueva opción para los condenados a pena de muerte en el estado de Carolina del Sur. Las inyecciones letales son escasas.

Pena de muerte en Estados Unidos

Para el estado de Carolina del Sur en los Estados Unidos, la inyección letal y la silla eléctrica son dos opciones para los condenados a pena de muerte. Por eso, ha sido aprobado el fusilamiento como pena de muerte en Carolina del Sur.

Fusilamiento en Carolina del Sur

Por la falta de fármacos y la negación de las empresas que los producen a ser utilizados para estos fines, se presentó una ley para dar una segunda opción a los condenados: el fusilamiento.

Los presos tenían la opción de escoger entre la inyección y la silla eléctrica, pero ellos preferían la primera al saber que se carecía de ella.

Con esta ley, los condenados tendrán una opción más para elegir como morir.

Aunque el proyecto fue aprobado por el legislativo, debe ser ratificado por Henry McMaster, el gobernador republicano de Carolina del Sur.

Oklahoma, Utha y Misisipi son tres de los estados que tienen el fusilamiento como opción de muerte. Carolina del Sur sería el cuarto estado.

Aunque el Gobernador lo ratifique, no significa que empiece su vigencia, pues es probable que se presenten demanandas y se retrace su ejecución.

Estados Unidos registra 1.532 ejecuciones desde 1976. Tres han sido por fusilamiento en el estado de Utha, la última en el 2010.

Estados con pena de muerte

La pena de muerte ha variado durante los años, y con ello los delitos que estan bajo ella según el estado. 23 estados de los 50 de Estados Unidos han abolido la pena de muerte. Entre ellos está: Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dokota del sur, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utha.

El último caso conocido fue el de Lisa Montgomery acusada de un asesinato de una mujer embarazada en el año 2004, siendo la primera mujer ejecutada por el Gobierno federal. En el mandato de Donald Trump, se reanudó las ejecuciones a nivel federal después de 17 años de suspensión.

Aunque se buscó los medios legales para detener su ejecución, la mujer fue sentenciada en el estado de Indiana con una inyección letal.

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