El sí ganó en Berlín en el polémico referéndum sobre la necesidad de la expropiación de viviendas a las grandes empresas.
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Los votantes de Berlín han votado a favor de aprobar una iniciativa que exija la expropiación de viviendas de las grandes empresas inmobiliarias y comerciales. Piden que una nueva empresa de vivienda pública gestione los alquileres.
El referéndum en Berlín sobre la expropiación de viviendas
Con más de la mitad de los votos comprobados, el referéndum de este domingo ha finalizado con un 57 por ciento a favor de la nueva medida y con un 38 por ciento en contra, según informan los funcionarios electorales.
Estas empresas inmobiliarias poseen más de 3.000 pisos en la capital germana. Según esta iniciativa, algunos de ellos serían «socializados» o entregados para la gestión pública. Esto afectaría a cerca de 240.000 apartamentos, en torno al 15 por ciento del parque de vivienda berlinés.
Berlín votó sí a la expropiación de viviendas a las grandes inmobiliarias
A cambio, las empresas serían compensadas económicamente. Obtendrían unas liquidaciones que estiman puedan alcanzar los 13.700 millones de euros. No obstante, esta votación no es legalmente vinculante. Servirá como medida de presión para los legisladores de Berlín. Creen que así abordarán este aspecto -punto de conflicto- en una ciudad que trata de combatir la gentrificación y la subida del precio del alquiler
La iniciativa ‘Deutsche Wohnen & Co’, que impulsó el referéndum, piensa que la medida podrá frenar el aumento del precio de los alquileres y asegurar tarifas asequibles a largo plazo. No obstante, los berlineses deben esperar para conocer el desarrollo de esta nueva medida.
Así será la expropiación de viviendas en Berlín
Según la propuesta de los activistas, la ciudad tendría que crear una entidad de derecho público. Esta pediría financiación a los bancos con el valor de los terrenos y los pisos como garantía hacer frente a la compra de las 240.000 viviendas. Además, obtendría ingresos mensuales de los alquileres. Hasta ahora han barajado distintas cifras del posible coste de expropiación a una ciudad que sigue endeudada. El Gobierno ha calculado 36.000 millones de euros; los activistas, entre 8.000 y 11.000 millones. Por su parte, un estudio reciente de dos académicos habla de una horquilla de entre 14.500 y 22.800 millones.
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