La indignación por el derrame, el pasado 25 de febrero, de 14.
000 barriles de petróleo en la reserva ecológica Cayambe-Coca, en la Amazonia ecuatoriana, ha llevado a más de 70 grupos conservacionistas, entre los que se cuenta Ecologistas en Acción, a exigir la expulsión de la petrolera Repsol YPF de Ecuador.
Agrupadas alrededor de la campaña Afectados por Repsol YPF, piden al presidente ecuatoriano Rafael Correa “que ejerza la soberanía en su territorio y se libere de una empresa que tanto daño ha hecho a esta nación”.
El vertido se produjo al romperse el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en la que es la mayor zona protegida de Ecuador, de 400.
000 hectáreas, donde viven más de 1.
300 especies animales (entre ellas el cóndor, el armadillo y el oso de anteojos).
El citado oleoducto, rebautizado como Oleoducto de Contaminación y Pobreza, con 485 kilómetros que transportan 450.
000 barriles de crudo diarios bajo la Amazonia, ha estado siempre envuelto en críticas.
Se construyó a toda prisa sólo 6 años atrás.
Repsol YPF es propietaria del 25% del OCP.
El Ministerio del Ambiente ecuatoriano denuncia una sucesión de negligencias.
Se afectaron tres ríos (Santa Rosa, Quijos y Alta Coca) pero en las 72 horas posteriores al desastre no se dio ningún tipo de acción paliativa.
En cuanto se pusieron a ello, salió al descubierto que los trabajadores subcontratados que debían limpiar el derrame sólo conocían de forma limitada el plan de emergencia, y la descoordinación fue la tónica dominante.
Resultado: el agua contaminada llegó a otras zonas protegidas, como el Bosque protector La Cascada y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras.
El Gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado desde que llegó al poder por su contundencia para con Repsol YPF, con la que ha mantenido un pulso lleno de presiones y amenazas.
Ya el 1 de noviembre del año pasado, Correa advirtió por primera vez que expulsaría a la petrolera española de Ecuador.
El siguiente paso tuvo lugar 10 días antes del vertido, el 14 de febrero, cuando amenazó con nacionalizar los activos de la compañía y congelar sus cuentas bancarias al considerar que Repsol evadía impuestos por las ganancias extraordinarias que tenía.
“Algunas petroleras extranjeras nos creen tontos”, dijo.
Para refrendar esta peculiar teoría del presidente ecuatoriano, resultó que el 26 de febrero, sólo un día después del vertido en la Amazonia, Repsol YPF le dio la razón al aceptar pagar sus deudas: 100 millones de euros.
Qué casualidad.
Sin embargo, Rafael Correo no quiere que este desastre medioambiental quede impune, por lo que no se arrugó a la hora de presentar, dos días después, una denuncia contra el presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Wong Loon, ante el fiscal de delitos ambientales del municipio de El Chaco.
Su objetivo no es otro que:Determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en el hecho denunciado, por haber actuado u omitido de forma dolosa o negligente, en el daño al ambiente, con el fin de que se impongan las penas correspondientes y se obligue al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al Estado y a terceros afectados.
A continuación les dejo un video sobre el desastre:Vía
