La petrolera estadounidense Chevron anunció hoy que ha demandado al Gobierno de Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por supuestas violaciones a un Tratado Bilateral de Inversiones que existe entre ambos países.
Se trata de un nuevo capítulo en la triste historia que comparte la compañía petrolera con Ecuador, cuya arista más delicada es la que involucra a los habitantes del Amazonas, que han demandado a la compañía por daños medioambientales, y que se ha plasmado claramente en el documental Crude.
Según Chevron ha dicho a través de un comunicado, el Gobierno de Quito se ha aprovechado de este juicio, en el que los demandantes exigen una indemnización de 27 mil millones de dólares, para no cumplir con las obligaciones que contrajo hace una década, cuando admitió que en el futuro no ejercería reclamo alguno contra la compañía, al dar por aceptado un acuerdo de reparación ambiental presentado por la petrolera.
La demanda por daño ambiental la interpusieron los habitantes de la provincia amazónica de Sucumbíos.
Allí, la petrolera Texaco, comprada por Chevron en 2000, operó hasta 1992 como socio minoritario de un consorcio que, según el comunicado, exploraba y producía petróleo en virtud de unos contratos que había firmado con Ecuador y su empresa estatal de petróleo, Petroecuador.
Tras finalizar sus operaciones en 1992, Texaco negoció un acuerdo de finiquito con Ecuador y Petroecuador según el cual esta última asumía la responsabilidad de determinados proyectos de recuperación ambiental.
Así, para Chevron ahora el gobierno de Ecuador pretende obligar a Chevron a pagar por las fallas de Petroecuador.
Chevron busca que se apliquen los acuerdos de liberación que el Gobierno del Ecuador firmó con Texaco Petroleum, cuando se concluyó el consorcio pues, siempre según la compañía, el gobierno de Ecuador está usando el proceso legal en Sucumbíos para eludir las obligaciones ambientales de la Petroecuador.
Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron, ha dicho que el sistema judicial de Ecuador es incapaz de funcionar independientemente de la influencia política.
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