El Supremo confirma la condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sobre las condiciones en la Atención Primaria.
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Condena a la Comunidad de Madrid por las condiciones en la Atención Primaria. El Supremo elimina la obligación de fijar cupos máximos de pacientes. De esta forma el Supremo confirma la condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por las condiciones de trabajo de los sanitarios.
Condena a la Comunidad de Madrid por las condiciones en la Atención Primaria
El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes 4 de febrero la condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Versa sobre las condiciones de trabajo de los sanitarios de atención primaria.
La condena también alude a las condiciones del personal de pediatría, así como por la falta de medios de protección durante la pandemia. La Sala de lo Social explica en la sentencia que ha analizado los recursos interpuestos por la asociación ‘Atención Primaria Se Mueve’. En ellos solicitaban una sentencia en la que declararan lo siguiente. «Las administraciones demandadas están vulnerando los derechos de los demandantes, médicos de atención primaria y pediatras, en materia de integridad física, de salud, al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo para garantizar su salud e integridad física de forma eficaz, incumpliendo los artículos 15, 40.2 y 43 del texto constitucional».
La condena a Madrid por la Atención Primaria
Por otro lado, la asociación solicitaba que la sentencia reconociera lo siguiente. «Las administraciones demandadas son responsables de las consecuencias ilícitas del incumplimiento en materia de prevención, al no proteger de forma eficaz a los empleados públicos del sistema sanitario demandantes, al no analizar y valorar la totalidad de elementos que inciden en el análisis preventivo de sus puestos de trabajo».
La decisión del TSJ
De esta forma, los jueces del Supremo han avalado la sentencia del TSJ. Estaba obligaba a la Comunidad de Madrid a evaluar los riesgos de los puestos de trabajo. Sin embargo, rechaza que la Justicia pueda obligar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a hacer un tipo concreto de evaluación de estos riesgos.
