La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha solicitado al departamento de la Fiscalía un informe para determinar si es pertinente procesar la exposición razonada emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Este último es acusado de revelación de secretos, así como de ser objeto de varias denuncias y querellas relacionadas con el mismo caso.
En una diligencia de ordenación recién dictada, se acordó consolidar todas las acciones legales presentadas contra García Ortiz en un solo caso, con base en la supuesta revelación de secretos relacionados con el fraude fiscal de Alberto González Amador, que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La primera denuncia sobre este asunto fue presentada en marzo por la Fundación Foro y Libertad. Otros demandantes incluyen al sindicato Manos Limpias y al propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que emitió la exposición razonada en julio, señalando indicios de delito por parte del fiscal general.
El caso comenzó con una querella presentada por González Amador y una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A pesar de que algunas denuncias ante el Tribunal Supremo precedieron a estas acciones, la Sala aún no había emitido ninguna postura al respecto.
Haciendo uso de esta decisión, el Tribunal Supremo inicia el proceso para determinar si se procede a investigar penalmente al fiscal general del Estado, quien ya aceptó públicamente su responsabilidad por ordenar la publicación de una nota de prensa que contenía información sobre González Amador. Dicha nota aclara aspectos de la investigación sobre el presunto fraude fiscal del empresario y una propuesta para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso con el fin de disminuir su posible sentencia, desmintiendo informaciones que sugerían que la oferta de pacto había sido iniciativa de los fiscales, en lugar del empresario, como sucedió en realidad.
A pesar de la incertidumbre sobre el curso de acción del tribunal supremo, expertos legales consultados por EFE se muestran escépticos acerca de una posible renuncia de García Ortiz en caso de ser acusado; en cambio, hará frente a su comportamiento, pues ya ha reconocido públicamente ser el responsable de dar a conocer un comunicado de prensa con la información de González Amador. Ignorando los murmullos generados por este asunto, no solo en relación a su procedimiento jurídico, sino también a su liderazgo en el Ministerio Fiscal, García Ortiz dejó claro que el movimiento realizado por el TSJM «no debería obstruir ni cambiar» la labor de la Fiscalía o la suya propia. El panel que decidirá si proceder o no con estas acciones está compuesto por los jueces Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.
