La intervención de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados este miércoles, abordó la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria y, ocasionalmente, tocó otros temas relevantes. Uno de ellos fue la convalidación de penas a etarras en prisión, debido a la implementación de una directiva europea que eliminó una disposición que había sido propuesta durante el mandato de Mariano Rajoy, gracias a una enmienda presentada por Sumar.
En este aspecto, fue el PP, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, quien expresó su descontento, lamentando el «error» de haberla aprobado en comisión y en el pleno sin prever sus implicaciones.
Otro tema destacado fue el de la vivienda, el foco principal en este momento de la legislatura para los socios de la coalición.
El partido que lideraba hasta hace poco la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido con firmeza la regulación de los precios de alquiler. En este contexto de discusión, aunque con diferentes enfoques, el PP ha mostrado un giro hacia posturas más sociales, aunque este cambio ha quedado algo oscurecido por el debate sobre la reducción de penas. Esto es especialmente relevante tras la controversia en torno a la proposición de ley para regular los alquileres turísticos, que fue rechazada por Junts justo antes de la votación, a pesar de haberse comprometido a apoyarla. Aunque el PSOE no tiene una postura tan definida sobre la regulación, se ha mostrado abierto a discutir el tema, a diferencia de Sumar, instando a Sánchez a mantenerse atento a estas cuestiones.
Después de que la propuesta fuera rechazada en la sesión plenaria, el Sindicato de Inquilinos de Madrid, que había plasmado sus demandas junto con las de varios grupos sociales en el contenido de la iniciativa, convocó una manifestación en el centro de Madrid para este domingo 13 a las 12 del mediodía. Este evento ha sido descrito como «la gota que colmó el vaso» en el comunicado, donde se menciona la posibilidad de iniciar una huelga de pagos si sus exigencias no son atendidas.
De acuerdo con fuentes de Sumar, la manifestación contará con la participación de «diputados» del Grupo Plurinacional del Congreso. No se especifica si solo asistirán representantes del partido magenta o si también habrá integrantes de otras confluencias, como los comunes, Más Madrid o IU. El compromiso de apoyo proviene de todos los grupos de izquierda que están a la par del PSOE. Entre los confirmados por El Independiente se encuentra Lara Hernández, secretaria de Organización, que podría tomar el liderazgo del partido tras la Asamblea de diciembre. Ella forma parte de la dirección provisional establecida tras la salida de Díaz después de las elecciones europeas. También se menciona a Elisabeth Duval, secretaria de Comunicación del partido. Sin embargo, queda incierta la asistencia del portavoz parlamentario de la Cámara Baja, Íñigo Errejón, quien es un defensor destacado de la problemática de la vivienda en el parlamento.
Este miércoles, Errejón hizo un llamado a Sánchez para que no cometa errores respecto a la cuestión de la vivienda. Le advirtió que, a diferencia de lo que sostiene la ministra de este área, Isabel Rodríguez, la solidaridad no provendrá de los arrendadores. Así, Errejón subrayó la «diferencia esencial» que existe entre los socialistas y Sumar sobre un «derecho constitucional a una vivienda digna en contraste con la especulación». El diputado madrileño mencionó las diversas movilizaciones sociales que han ocurrido desde el verano, incluyendo la del fin de semana, la cual anticipó será masiva y podría criticar al Gobierno, pero consideró que eso es apropiado. Desde Sumar, están preparados para avivar esas llamas y provocar más presión sobre el sector socialista que cohabita en Moncloa.
Las exigencias son contundentes: eliminar los desahucios, utilizar un 1% del PIB para promover la vivienda social en alquiler, incrementar el IVA al 21% para los propietarios de alojamientos turísticos «para que no solo sea una actividad rentable», fomentar alquileres indefinidos, poner fin a las golden visa, y edificar medio millón de viviendas públicas, garantizando que no sean vendidas posteriormente a fondos buitre. Además, se solicita a Rodríguez que «suspenda» las ayudas estatales en vivienda para las comunidades autónomas gobernadas por el PP que no implementen la limitación de precios en el alquiler, tal como estipula la ley de vivienda de 2023, que no está solucionando los problemas existentes.
Se pide que no se «desvía el foco» de la manifestación.
Fuentes de Sumar a nivel nacional explican que la falta de figuras clave en la formación se debe a la intención de no «desviar la atención» ni restar relevancia a la plataforma y a las demandas que se presentarán. Díaz ha sido designada exclusivamente para las labores del Gobierno, concentrándose en transmitir las propuestas del equipo ante el Consejo de Ministros, pero no en cuestiones internas. Consideran que no es aconsejable que los propios miembros del Ejecutivo, quienes aún no logran acordar un enfoque común a pesar de apoyar las demandas de los inquilinos, se involucren en este proceso. La situación varía si son los parlamentarios quienes participan, puesto que ellos lideran las demandas en el ámbito legislativo, según informan desde Sumar.
El partido se propone participar con fuerza en la Asamblea de fin de año, buscando una notable presencia pública tras un intento fallido de influir en Galicia, el País Vasco y en las elecciones europeas. En los últimos meses, el debate público, centrado en temas como la amnistía, el cupo catalán y la financiación autonómica, había relegado su participación y beneficiado al PSOE en el espectro de la izquierda. Para este encuentro, los magentas deberán definir el papel que desempeñará Díaz en adelante, quién será su sucesor, cómo se organizará territorialmente, especialmente en regiones donde hay partidos regionales aliados, y cómo será la colaboración entre ellos a nivel nacional, incluyendo a IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Verdes Equo. A pesar de que en marzo se pautaron cuotas de 70-30% a favor de Díaz frente al resto, ahora se opta por una relación más equitativa entre los integrantes.
No faltarán figuras esenciales de Podemos en el evento. Se anticipa la presencia de Ione Belarra e Irene Montero, quienes han estado en competencia con Sumar desde que se unieron al Grupo Mixto en el Congreso en diciembre pasado. Los asuntos sociales son fundamentales para ambas agrupaciones. Los morados tienen una «ventaja» que les permite presentar un discurso más contundente sin las restricciones y responsabilidades del Gobierno. Esto ha llevado a propuestas más radicales que las de Díaz y Errejón, como la creación de una ley contra la especulación inmobiliaria que extienda la duración de los contratos de arrendamiento a diez años y limite a un 2% la cantidad de viviendas para uso turístico. También sugieren la expropiación de 92,000 viviendas en manos de fondos de inversión para destinarlas al alquiler social.
Alrededor de 30 organizaciones sociales participarán en la convocatoria del Sindicato de Inquilinos, uniendo esfuerzos ante el alto costo de la vivienda en la ciudad. La marcha, que irá desde Atocha hasta Callao, se llevará a cabo bajo el lema «Se acabó, bajemos los alquileres», en defensa del derecho a una vivienda digna. La falta de ministros en este contexto se relaciona con un comunicado que atribuye responsabilidad al Gobierno central por no haber detenido la especulación inmobiliaria y la burbuja en los precios de los alquileres. Además, también se critican las acciones del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, señalado por su falta de acción y sus políticas en beneficio de las inmobiliarias.
El Sindicato de Inquilinos advierte que, si no se implementan medidas, podrían convocar una huelga de alquileres en Madrid para obligar a los arrendadores a bajar los precios a la mitad, permitiendo que los inquilinos solo destinen un tercio de sus ingresos mensuales a este concepto. Actualmente, se menciona que más del 60% de los salarios se destina a este gasto.
