Un juez propone juzgar a Begoña Gómez por varios delitos tras una instrucción que combina registros, reuniones en Moncloa y correcciones de la Audiencia de Madrid
La instrucción que ha rodeado a la esposa del presidente del Gobierno culminó con un auto judicial que propone llevar el caso a juicio por indicios de varios delitos. El magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, ha cerrado la pieza principal después de cerca de dos años de diligencias, señalando circunstancias que, en su narración, recuerdan conductas propias de regímenes absolutistas.
La resolución, fechada recientemente, recopila pruebas y testimonios sobre una trama que combina actuaciones públicas y actividades vinculadas a una cátedra universitaria conocida como TSC.
El auto mantiene imputaciones sobre cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios, mientras que excluye finalmente el de intrusismo.
Junto a la investigada aparecen su asistente y un empresario como otros posibles responsables. En paralelo, la actuación judicial ha sufrido reveses y matices por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que revisó decisiones previas del instructor y avaló, a la vez, algunas de sus decisiones procesales.
El auto y los cargos que sostienen la acusación
El magistrado detalla en su resolución los elementos que, a su juicio, permiten atribuir la comisión de delitos relacionados con la utilización de una posición de influencia. Para el juez, la condición de esposa del jefe del Ejecutivo habría facilitado interlocuciones y actuaciones institucionales excepcionales que se habrían aprovechado en beneficio profesional. En ese relato aparecen reuniones en el complejo de la Moncloa, correos desde cuentas oficiales y la implicación de terceros en la creación y gestión de la citada cátedra TSC. La instrucción también recoge la participación del empresario Juan Carlos Barrabés y la figura de la asesora investigada, Cristina Álvarez.
Delitos y piezas separadas
El auto distingue varias líneas de investigación: la presunta influencia para beneficiar a terceros, la gestión y titularidad de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, la supuesta apropiación de un software vinculado al proyecto y una pieza sobre el manejo de recursos públicos que el juez encuadra como malversación. Aunque en un momento se planteó el encauzamiento a un procedimiento de jurado, esa decisión ya fue objeto de revisión por la Audiencia en pasos previos. El instructor advierte de hasta doce escenarios probatorios que, según su valoración, apuntalan el delito de tráfico de influencias.
Pruebas y indicios: la cátedra, la marca y las comunicaciones
Entre los elementos que emanan de la instrucción figuran la inscripción de la marca TSC, la constitución de una sociedad con idéntico nombre, la inclusión de un software en la web del proyecto y el hecho de que el dominio se registró primero a nombre de una colaboradora para luego ser transferido a la investigada. El juez subraya que muchos trámites se aceleraron y que no constó la revisión de currículos ni la implicación formal de la universidad en determinados actos. Asimismo, constan cartas de apoyo firmadas para una UTE vinculada al empresario investigado en tramitaciones de subvenciones públicas.
Contacto con Moncloa y uso de recursos
El auto incorpora testimonios que describen reuniones en la sede del Gobierno y el uso de recursos de Presidencia, como la implicación continua de una asistente y el envío de correos desde una cuenta institucional. Para el instructor, esos factores encajan en la idea de que la condición personal de la investigada permitió acceder a interlocuciones que resultan excepcionalmente institucionales y que, en su conjunto, conectan con las tipologías penales que se investigan. Esa misma narración ha generado la reacción inmediata del Ejecutivo.
Reacciones políticas y recorrido procesal
La reacción desde Moncloa y el PSOE ha sido de fuerte rechazo: el Ejecutivo considera que las frases del auto que aluden a regímenes absolutistas y a figuras históricas han exacerbado la polémica y que la investigación se ha conducido con sesgos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la dirección del partido han criticado la instrucción, denunciando, entre otros reproches, que la causa ha sufrido correcciones reiteradas por parte de la Audiencia y que existe un trato desigual respecto a otras investigaciones políticas.
Intervenciones de la Audiencia y pasos siguientes
La Audiencia Provincial de Madrid ha alterado decisiones del instructor en varias ocasiones: anuló la conversión de la causa a jurado y dejó fuera a determinados investigados en decisiones anteriores, además de avalar, el 8 de abril de 2026, la negativa a citar como testigo a un empresario cuya declaración se solicitó desde la acusación popular. A partir del cierre del sumario, las partes cuentan con cauces ordinarios de impugnación; la causa podría llegar al juicio si los recursos no prosperan y la causa avanza por la vía penal ordinaria o por la eventual convocatoria de un jurado, siempre supeditada a nuevas valoraciones judiciales.
