El Ejecutivo pone en marcha una regularización extraordinaria con criterios concretos, mecanismo de tramitación y observaciones del Consejo de Estado; te explicamos qué cambia y qué pueden esperar las personas afectadas
El Ejecutivo ha activado una regularización extraordinaria destinada a personas migrantes que viven en España sin permiso, un proceso cuyo calendario y condiciones han generado expectativas y debates. Según las autoridades, la presentación telemática de solicitudes arrancará el jueves 16 de abril y la atención presencial se iniciará el lunes 20 de abril, con la posibilidad de pedir cita desde el primer día en que se habiliten los canales.
El decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establece un plazo general de gestión que culmina el 30 de junio.
La iniciativa busca regularizar a un volumen masivo de personas: informes técnicos citados por el Gobierno estimaron hasta 750.000 solicitudes, con la previsión de conceder alrededor de 500.000 autorizaciones.
Para absorber esta demanda se ha planteado la apertura de ventanillas en la Seguridad Social y en Correos, así como la colaboración con la pública Tragsa y su filial Tragsatec, una decisión que el Consejo de Estado ha revisado con cautela y sobre la que formuló recomendaciones concretas.
Quiénes pueden solicitar y criterios de elegibilidad
El texto del real decreto define varios colectivos susceptibles de beneficiarse. Por un lado, se incluyen los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2026, estén denegados o en trámite. En paralelo, los migrantes por motivos económicos deberán demostrar estancia previa: el borrador contempla que hayan estado en España desde el 31 de julio —esto equivale a acreditar al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2026—. El Consejo de Estado propuso matices sobre la fecha límite y sugirió que se aclare la definición de vulnerabilidad, planteando como referencia la llegada antes del 1 de enero de 2026 y cinco meses en situación irregular al presentar la solicitud.
Requisitos básicos y exclusiones
Entre las condiciones esenciales figura la ausencia de antecedentes penales: la normativa exige no tener registros que supongan un riesgo para el orden público. El procedimiento contempla la posibilidad de empezar a trabajar desde la admisión a trámite de la solicitud —un acto que, según el texto, no debería demorarse más de 15 días— y fija un plazo máximo de resolución de tres meses. La autorización que se concede es de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional para cualquier sector; la autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
Aspectos técnicos y reparos del Consejo de Estado
El órgano consultivo emitió un extenso dictamen en el que aprobó la finalidad del real decreto pero advirtió sobre varias técnicas administrativas. Una cuestión sensible fue la opción de aceptar una declaración responsable para acreditar la inexistencia de antecedentes en caso de imposibilidad de obtener el certificado del país de origen. El Consejo consideró esa solución «inadecuada» y advirtió que podría relajar controles y abrir la puerta a irregularidades. Por ello reclamó que, si se mantiene, quede acotada y no sustituya a los mecanismos formales de comprobación.
Colaboración con entidades públicas
Otro punto polémico fue la implicación de Tragsa y Tragsatec en la gestión documental. El Consejo de Estado reclama que sus funciones se limiten a «actuaciones administrativas de gestión y canalización documental», sin atribuirles poderes decisorios en la resolución de expedientes, una observación destinada a salvaguardar la legalidad y a anticipar posibles recursos constitucionales. Las recomendaciones han sido valoradas por el Ministerio de Migraciones, que trabaja en incorporar las aclaraciones para mejorar la redacción y la aplicabilidad del decreto.
Plazos, efectos prácticos e impacto histórico
El proceso permitirá que, desde la admisión a trámite, las personas puedan incorporarse al mercado laboral de inmediato; la intención es que la resolución final no supere los tres meses, y que la primera comprobación administrativa para admitir la solicitud no exceda los 15 días. Además, el real decreto contempla la regularización simultánea de hijos menores que estén en España, con una vigencia de hasta cinco años para estos casos. En el pasado, España celebró varias regularizaciones extraordinarias impulsadas tanto por el PP (2000 y 2001) como por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005); a nivel europeo se registraron más de 40 procesos similares desde los años noventa, con ejemplos recientes en Italia y Portugal en 2026 y 2026.
En suma, se trata de una medida con alcance social y laboral notable, que combina objetivos de integración con complejidades técnicas. La decisión del Gobierno de abrir canales presenciales desde el 20 de abril y la ventana telemática desde el 16 de abril activan un reloj administrativo hasta el 30 de junio, mientras las autoridades incorporan las recomendaciones del Consejo de Estado para robustecer garantías y reducir riesgos jurídicos.
