PP y Vox han cerrado un pacto en Aragón que otorga a Vox la vicepresidencia y tres consejerías; el acuerdo, firmado el 22 de abril, desbloquea la investidura antes del 3 de mayo
El PP y Vox han formalizado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Aragón y permitir la reelección de Jorge Azcón como presidente autonómico. El documento se firmó el 22 de abril en la sede de las Cortes de Aragón y sirve para desbloquear la investidura con vistas a cumplir el plazo fijado antes del 3 de mayo.
Esta alianza, que llega tras semanas de negociaciones, combina reparto de responsabilidades institucionales con una guía programática de carácter amplio y varias medidas de calado social, fiscal y administrativo.
Los portavoces regionales, Azcón y Alejandro Nolasco, comparecieron para anunciar los términos del pacto y subrayaron que el objetivo es abrir una legislatura estable que permita aprobar hasta cuatro presupuestos.
En paralelo se hizo entrega de un texto extenso —numerado en decenas de páginas— que incluye un acuerdo programático de 13 puntos para los próximos cuatro años, así como garantías de ajuste a la legalidad en todas las decisiones del Ejecutivo.
Reparto institucional: cargos y estructura del nuevo Ejecutivo
En lo institucional, el aspecto más llamativo del acuerdo es la concesión a Vox de la vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón, cargo que asumirá Alejandro Nolasco. Además, la formación de Santiago Abascal logra tres consejerías: Desregulación; Servicios Sociales y Familia; y un bloque que agrupa Medioambiente, Turismo, Ganadería, Agricultura y Alimentación. El Ejecutivo mantendrá, según lo anunciado, un total de nueve consejerías como en la legislatura anterior, pero con Vox integrado como socio de coalición con mayor presencia que en otras comunidades.
Fuera del Consejo de Gobierno, el pacto incluye también la cesión del senador autonómico y de la vicepresidencia de la Mesa de las Cortes a Vox. Los líderes han indicado que aún quedan decisiones por concretar, como la asignación definitiva de dos de las consejerías y la vinculación orgánica de la vicepresidencia, que ocupará Nolasco. El texto firmado establece además mecanismos de colaboración entre administraciones y una hoja de ruta administrativa y presupuestaria para los próximos años.
Programa y prioridades políticas del acuerdo
El contenido programático combina medidas de índole fiscal, social y administrativa. Entre las prioridades figuran la implantación de la llamada prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos, medidas para contener la inmigración irregular y un paquete de estímulos para el medio rural y la natalidad. En materia social el pacto apuesta por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y por facilitar la primera matrícula universitaria, así como por la construcción de miles de viviendas protegidas y avales para jóvenes y familias.
En lo económico, el documento anticipa rebajas fiscales y bonificaciones para jóvenes y familias, apoyo sectorial al campo frente a lo que califican como imposiciones de la UE, y la eliminación de subvenciones a ONG o sindicatos que, según el texto, estarían vinculadas a la promoción de la inmigración irregular. Estos puntos repiten en buena medida lo ya acordado en otros pactos autonómicos entre ambas formaciones.
La prioridad nacional y los criterios de acceso
La prioridad nacional se define en el acuerdo como un criterio de preferencia en la asignación de recursos públicos que se instrumentará atendiendo a parámetros como el arraigo, la permanencia en la comunidad y los años de empadronamiento. Los dirigentes del pacto han insistido en que estas medidas se redactarán y aplicarás dentro del marco de la Constitución y la legislación autonómica y estatal, y que todos los acuerdos deberán contar con un informe favorable de los servicios jurídicos antes de elevarse al Consejo de Gobierno.
Medidas sobre inmigración y control del padrón
El acuerdo incluye también la creación de mecanismos para combatir el fraude en el padrón y limitar el acceso a prestaciones para personas en situación irregular. Se anuncia la dotación de recursos para determinar la edad de menores no acompañados, la suspensión de nuevas plazas de acogida y la supresión de subvenciones a entidades vinculadas, según el texto, a la promoción de la inmigración irregular. Estas medidas son de los apartados más polémicos y marcarán el debate público en los próximos meses.
Controversias, sintonías y próximos pasos
Los líderes han mostrado posiciones encontradas respecto al proceso de negociación: Nolasco ha celebrado el resultado y ha criticado que la dirección nacional del PP hubiera puesto trabas, mientras que desde la cúpula popular se ha subrayado la voluntad de que todo se ajuste a la legalidad. El pacto en Aragón llega en la estela de acuerdos similares en otras comunidades, como el firmado recientemente en Extremadura, cuyo desenlace ha coincidido con la investidura de María Guardiola.
En cuanto al calendario, la firma del 22 de abril abrió la vía para programar la sesión de investidura en los días siguientes con el objetivo de evitar la convocatoria de nuevas elecciones antes del 3 de mayo. El nuevo Ejecutivo se propone, según sus promotores, una legislatura completa y una agenda centrada en seguridad, orden público, medidas sociales dirigidas a la familia y el medio rural, y una revisión normativa que, insisten, respetará los informes de los órganos jurídicos competentes.
