Información clave sobre las causas técnicas, las decisiones de operación y las consecuencias económicas y legales del apagón que afectó a la península
El apagón del 28 de abril de 2026 dejó a buena parte de la península ibérica sin suministro eléctrico durante horas y abrió una controversia que aún no ha cerrado responsabilidades. Informes técnicos, comunicaciones internas y decisiones de operación configuran un relato complejo: por un lado, especialistas europeos y nacionales hablan de un evento con varios factores; por otro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento sancionador que puede redefinir culpas.
En el centro de la polémica aparece Red Eléctrica, acusada de no corregir a tiempo las sobretensiones y de programar menos grupos síncronos de los necesarios.
La situación no es solo técnica: hay un ámbito político y económico que condiciona decisiones y responsabilidades.
El Senado y varias comisiones del Congreso han emitido conclusiones que apuntan a fallos operativos mientras el regulador tramita 35 expedientes que tardarán meses en resolverse. A la espera de sanciones que podrían alcanzar cuantías históricas, el debate se centra en por qué no se actuó antes pese a las señales internas de riesgo que varios operadores denunciaron.
Informes, expedientes y el nudo técnico
Durante los últimos doce meses, distintos equipos —desde el Ministerio para la Transición Ecológica hasta la entidad europea ENTSO‑e— han analizado el incidente. El consenso técnico apunta a una multifactorialidad: la entrada masiva de renovables, umbrales de tensión más restrictivos en España y una red con menos unidades síncronas disponibles aumentaron la vulnerabilidad. La CNMC ha abierto 35 expedientes, entre ellos uno contra Red Eléctrica por una presunta falta muy grave con riesgo para el sistema; otras compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol también están investigadas por posibles faltas graves.
Programación de grupos síncronos y controles de tensión
Una función clave del operador es decidir, con antelación, qué grupos síncronos (nucleares, hidráulicas o ciclos combinados) deben permanecer disponibles para garantizar estabilidad. Ese 28 de abril se detectó una insuficiencia de programación: lo habitual eran entre once y catorce grupos, aquel día solo nueve operaban tras la pérdida de una unidad que no se repuso. Los testimonios presentados en el Congreso sugieren que modelos de operación determinaron que no era necesario reponer el ciclo combinado, una decisión que hoy se discute con fuerza.
Audios, advertencias y la cronología de las llamadas
En las semanas previas al apagón, operadores y técnicos registraron episodios de tensión inusuales y advirtieron sobre oscilaciones repetidas. Las grabaciones que han trascendido muestran conversaciones en las que se habla de «problemón» por las tensiones y de una situación que se mantenía «en toda España». Esos audios han sido utilizados por las eléctricas para reclamar mayor transparencia sobre cómo se evaluaron y respondieron las alertas.
Relatos de las eléctricas y la reacción del operador
CEOs y responsables de compañía expusieron en comisiones que recibieron instrucciones contradictorias sobre cuántos ciclos combinados debían estar en marcha. Por ejemplo, Naturgy relata que se le pidió reducir unidades por la mañana y, minutos antes del colapso, volver a arrancar algunas, pero ya era tarde. Endesa y Iberdrola han reclamado además acceso a las comunicaciones que entregó Red Eléctrica a la Audiencia Nacional para contrastar datos y verificar si pudo existir otra causa, incluida la hipótesis de un ciberataque, que por ahora no ha prosperado.
La operación reforzada, su coste y el futuro institucional
Tras el corte, Red Eléctrica implantó la llamada operación reforzada: programar más grupos síncronos de los estrictamente necesarios para evitar repeticiones. Esa estrategia eleva el uso de ciclos combinados y, por tanto, el consumo de gas y el coste del sistema. La compañía valora el coste adicional hasta el 31 de marzo en alrededor de 660 millones, cifra que el sector eleva por encima de los mil millones. Esos sobrecostes se repercuten en parte en la factura eléctrica y alimentan la controversia sobre cuánto tiempo debe mantenerse este modo excepcional.
Responsabilidades políticas y sanciones pendientes
Políticamente, la directora de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sigue en el cargo y rechaza dimitir, sosteniendo que la empresa actuó conforme a norma. El Gobierno, que participó en el nombramiento, mantiene prudencia y deja que sea la investigación de la CNMC la que determine posibles multas —la máxima prevista para faltas muy graves asciende a 60 millones— y permita a empresas e industrias reclamar daños si procede. Mientras tanto, la duda persiste: ¿fue el apagón un suceso imprevisible o el resultado de negligencias y decisiones operativas evitables?
La respuesta final depende de la resolución administrativa y judicial que siga al expediente de la CNMC y de la transparencia con la que se compartan los datos técnicos. Hasta entonces, la red se opera en modo conservador, con mayor coste y preguntas sin cerrar sobre quién asumirá las consecuencias administrativas, económicas y políticas de aquel día.
