La Audiencia Nacional acordó dejar fuera del procedimiento a Jordi Pujol después de un reconocimiento médico que confirmó un deterioro cognitivo significativo
El tribunal de la Audiencia Nacional que instruye el caso contra la familia Pujol acordó eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, tras un nuevo reconocimiento médico realizado en la sede judicial. Durante la sesión, el presidente del tribunal explicó que, una vez valoradas las pruebas médicas y tras un encuentro entre los magistrados, el forense y la defensa, se consideró que el exmandatario debía quedar fuera del procedimiento.
La decisión no equivale a una declaración sobre la veracidad de las acusaciones, sino a una valoración sobre su aptitud para participar en el proceso.
La causa dirigida por la Fiscalía Anticorrupción solicita para Pujol nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros por los presuntos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Frente a estas peticiones, la defensa había aportado informes médicos y cuestionamientos sobre su capacidad para asistir y declarar en el juicio. A la par, la instrucción mantiene imputados a sus siete hijos —Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia— y a otros quince presuntos colaboradores, entre los que figuran empresarios señalados por supuestas maniobras para ocultar y gestionar la fortuna familiar en el extranjero.
Informe médico y valoración de la capacidad procesal
Hace meses, médicos forenses desplazados desde los juzgados de Barcelona practicaron pruebas al expresidente en su domicilio y remitieron a la Audiencia Nacional un informe en el que se diagnosticaba un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular). Ese diagnóstico, según los peritos, comporta un deterioro cognitivo moderado, de carácter irreversible, progresivo y sin tratamiento eficaz, que limita la capacidad para comprender y articular una defensa en condiciones de igualdad procesal. A partir de esa apreciación inicial, el tribunal decidió someter al acusado a un nuevo reconocimiento para confirmar in situ su estado antes de tomar una resolución definitiva sobre su presencia en el juicio.
Qué se examinó en el reconocimiento adicional
El segundo examen, realizado en la sede de la Audiencia Nacional en presencia del forense y del equipo de defensa, incluyó pruebas orientadas a valorar memoria, orientación, lenguaje y funciones ejecutivas. Los magistrados tuvieron la oportunidad de observar directamente la interacción del expresidente y la capacidad de respuesta ante las preguntas de los profesionales. Tras esa evaluación clínica complementaria y tras deliberar, el tribunal consideró que no concurrían las condiciones necesarias para que Pujol continuara en el procedimiento penal con plenas garantías procesales, decisión que fue comunicada oficialmente en la vista.
La acusación, el papel de los hijos y el alcance del caso
La Fiscalía mantiene que la fortuna oculta en Andorra no procede de una mera herencia sino de una estructura de influencias que habría favorecido el cobro de comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. En ese relato, el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, habría gestionado sociedades instrumentales y cuentas en el extranjero para canalizar fondos. Para Ferrusola la Fiscalía solicita la pena más severa: hasta 29 años de prisión, por una presunta serie de delitos que incluyen asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos fiscales. Los peritos que han analizado movimientos internacionales han cuestionado la lógica de determinadas operaciones y han señalado maniobras para dar apariencia de legalidad a fondos cuya traza se considera opaca.
Inicio de las declaraciones y calendario procesal
Estaba previsto que las declaraciones de los acusados arrancaran con la comparecencia de los miembros de la familia, aunque la exclusión de Jordi Pujol modifica el orden previsto. Entre los imputados también figuran nueve empresarios a los que se atribuye la colaboración para integrar en el sistema patrimonial de la familia pagos a cambio de contratos públicos, a través de facturas y préstamos supuestamente simulados. La continuidad del procedimiento afectará a esas testimoniales y a la valoración de la prueba pericial ya depositada en la causa.
Debate público y consideraciones éticas
La citación presencial de una figura de avanzada edad como Pujol suscitó un debate público y jurídico sobre edad, dignidad y seguridad procesal. El presidente del tribunal defendió que la comparecencia buscaba evitar cualquier actitud edadista y permitir a los magistrados comprobar directamente el estado físico y cognitivo del acusado. Por su parte, médicos de confianza del expresidente y algunas voces políticas criticaron la decisión por considerarla innecesaria o incluso cruel, aduciendo que el informe pericial de Barcelona ya describía una incapacidad para defenderse adecuadamente, lo que implicaría riesgos para sus derechos fundamentales.
La resolución que aparta a Jordi Pujol del procedimiento no cierra el caso. El juicio proseguirá con el resto de los acusados y con el análisis de las pruebas económicas y documentales aportadas por la Fiscalía y por las defensas. Queda por ver cómo influirá esta exclusión en la dinámica probatoria y en la percepción pública de una causa que ha puesto en el centro del debate la relación entre poder político, patrimonio familiar y exigencias del sistema penal.
