El juez José Luis Calama ha pedido asistencia a Estados Unidos para profundizar en cuentas en el extranjero relacionadas con el rescate de Plus Ultra y en la causa figura imputado José Luis Rodríguez Zapatero
El juez José Luis Calama, que instruye en la Audiencia Nacional el llamado caso Plus Ultra, ha acordado una comisión rogatoria para solicitar información a las autoridades de estados unidos. La petición se integra en una pieza separada que permanece bajo secreto y tiene como objetivo localizar y analizar movimientos y cuentas bancarias de personas investigadas que operan fuera de España, con especial interés en los fondos vinculados a los imputados.
La investigación parte del rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2026 y ha derivado en la imputación de figuras relevantes. Entre las decisiones recientes, el magistrado ha reclamado documentación y colaboración internacional para perfilar el origen y destino de transferencias y relaciones financieras que podrían apuntar a mecanismos de intermediación y reparto de comisiones.
Qué solicita el juez a Estados Unidos
La comisión rogatoria reclama a las autoridades estadounidenses datos bancarios y comunicaciones que permitan seguir la pista a fondos y titulares de cuentas. En la resolución previa, Calama ya expuso que el Department of Homeland Security había facilitado material intervenido en el móvil de uno de los investigados, el empresario Rodolfo Reyes Rojas. Esa colaboración incluyó la puesta a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional de contenidos que ahora forman parte de la investigación.
Alcance y naturaleza de la información requerida
El juez pretende obtener extractos, contratos y cualquier rastro que vincule cuentas en Miami u otras plazas con pagos procedentes de Europa o América Latina. En la instrucción se hace referencia a clientes de la mercantil Softgestor radicados en Estados Unidos y con supuestos vínculos con Venezuela, descripción que el instructor considera relevante para identificar a los beneficiarios finales de determinadas operaciones. Además, recientemente la personación del abogado de Softgestor fue confirmada y la empresa figura ahora también con carácter de investigada en la causa.
Personas y movimientos en el foco de la pesquisa
En el epicentro de las pesquisas aparece, entre otros, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, administrador único de la consultora Análisis Relevante. El juez tiene constancia de dinero depositado en fondos bancarios en Miami y de contratos por los que una sociedad vinculada percibió una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra. Martínez fue detenido por la UDEF el 11 de diciembre y durante los registros se incautó material informático que reflejaba correspondencia con responsables de cuentas en el extranjero, según fuentes de la investigación.
Rastros desde Luxemburgo a Miami
Los investigadores sostienen que parte de esos recursos se trasladaron años atrás desde Luxemburgo hasta Miami, dentro de lo que describen como movimientos entre banca privada e inversiones. Se ha señalado que la cuenta americana registró actividad en 2026, con transferencias por un orden de magnitude de aproximadamente 200.000 euros. Por ahora, las autoridades puntualizan que esos fondos no están directamente vinculados, de forma probada, al rescate público de la aerolínea, aunque su trazabilidad sigue siendo objeto de estudio.
La imputación de Zapatero y las reacciones políticas
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue citado como imputado el 2 de junio por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate a Plus Ultra. En la resolución que acordó su imputación, Calama le sitúa como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada que habría utilizado influencias para obtener beneficios económicos a favor de terceros, entre ellos la compañía aérea que da nombre a la causa.
En paralelo a las diligencias, han trascendido apuntes sobre pagos y contratos que conectan al entorno del expresidente con consultorías que facturaron a la aerolínea. Fuentes judiciales sitúan ingresos percibidos por Zapatero y pagos a sus allegados que ahora se examinan para determinar si corresponden a servicios reales o a comisiones irregulares. La noticia ha provocado una reacción política dividida: el Partido Popular ha arremetido contra el exdirigente, mientras que el PSOE ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha reclamado prudencia ante la instrucción.
Qué puede cambiar la cooperación internacional
Los investigadores confían en que la respuesta estadounidense aporte piezas decisivas para completar el puzzle financiero y confirmar o descartar vínculos directos con el rescate público. La cooperación judicial internacional —en este caso mediante una comisión rogatoria— es vista por la instrucción como una vía imprescindible para acceder a información custodiada fuera de España y para cruzar datos que permitan fechar transferencias, identificar titulares reales y establecer responsabilidades penales o descartar implicaciones.
Perspectivas y próximos pasos
La causa continuará instruyéndose con solicitudes de documentación, nuevas citaciones y la apertura de piezas separadas bajo secreto cuando sea procedente. A medida que avance la colaboración internacional y se cotejen movimientos y comunicaciones, los pasos siguientes dependerán de que los elementos aportados permitan confirmar la hipótesis de una intermediación ilícita o, en su caso, dirigir la investigación hacia otros sujetos y operaciones relacionadas.
