González lamentó la imputación de Zapatero al recibir el premio Ana Frank; Dolors Montserrat exigió a la Comisión Europea investigar el rescate de Plus Ultra por 53 millones
En una jornada que combinó reconocimiento público y tensión política, Felipe González manifestó su profunda tristeza ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Al recibir el premio Ana Frank concedido por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina y la Organización de Estados Iberoamericanos, González habló de su sentimiento personal y subrayó la vigencia de la presunción de inocencia como un principio inquebrantable del Estado de derecho.
La intervención tuvo lugar el 22 de mayo de 2026 y puso el foco en la necesidad de separar las discrepancias políticas del respeto por las garantías procesales.
González reconoció que mantiene diferencias políticas con Zapatero en asuntos como la relación con el Ejecutivo actual o la política hacia Venezuela, pero aseguró que esas discrepancias no le impiden sentir un profundo pesar por la situación judicial del expresidente.
En sus palabras se destacó la defensa de la presunción de inocencia frente a las acusaciones que constan en el auto del juez José Luis Calama, que investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La reacción institucional y el contexto del acto
Tras recibir el galardón, González participó en un coloquio en el que volvió a reivindicar la figura de Ana Frank como símbolo frente al odio y el enfrentamiento en un escenario internacional complejo. Su discurso combinó la defensa de valores democráticos y una crítica velada a la polarización actual. Al ser preguntado por la actuación del instructor, el expresidente calificó la labor del juez como la de un juez de garantía, que adopta decisiones medidas y respetables, y reiteró que la existencia de un auto no sustituye el derecho del investigado a defenderse.
La dimensión judicial del caso Zapatero
El auto judicial firmado por el magistrado José Luis Calama refleja una investigación que, según las diligencias, incluye elementos de cooperación internacional y rastros de operaciones con implicaciones financieras. González dijo no atreverse a «creer» en las imputaciones, apelando a la prudencia hasta que se esclarezcan los hechos. Su posición insistió en que las consecuencias políticas deben quedar en segundo plano frente a la garantía procesal: la presunción de inocencia no es opinable, sino una protección legal que obliga a respetar el procedimiento.
El papel del instructor y la cautela pública
Sobre el magistrado, González evitó críticas y subrayó que la instrucción se desarrolla con cautela. La referencia al juez de garantía pretendió destacar que la justicia actúa con controles y medidas antes de formular conclusiones. Esta lectura cobra especial relevancia en un caso con posible alcance internacional, donde la responsabilidad de preservar pruebas y respetar derechos procesales es clave para la credibilidad del sistema judicial.
Plus Ultra, la petición a Bruselas y la respuesta del Grupo PPE
Paralelamente al pronunciamiento de González, la eurodiputada Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, registró el 22 de mayo de 2026 una pregunta formal dirigida a la Comisión Europea. Montserrat exigió que se investigue el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), aprobado en el marco excepcional de ayudas durante la pandemia. Su petición enlaza la imputación de Zapatero con dudas sobre el uso de instrumentos europeos para apoyar a empresas vinculadas a intereses internacionales.
En su iniciativa, Montserrat advirtió sobre la dimensión supranacional del caso: las diligencias instruidas por el juez Calama cuentan con cooperación judicial desde Francia y Suiza, y habría investigaciones paralelas en Estados Unidos que apuntan a presuntas tramas financieras relacionadas con el chavismo. Además, la dirigente popular expresó preocupación por el relevo de la magistrada de enlace encargada de la cooperación con esos países, planteando sospechas sobre la posibilidad de que existieran intentos de debilitar canales de colaboración precisamente cuando se intensificaban las pesquisas.
Implicaciones políticas y europeas
La exigencia de Montserrat a Bruselas busca que la Comisión aclare si se respetaron los principios del Derecho de la Unión —transparencia, igualdad de trato y control adecuado de ayudas de Estado— en la concesión de las ayudas a Plus Ultra. Para el Grupo PPE, la gravedad radica en la potencial utilización de mecanismos públicos para fines partidistas o de interés privado, lo que, según sus representantes, comprometería la confianza en los instrumentos europeos de supervisión.
En conjunto, las declaraciones de Felipe González y las iniciativas de la oposición europea trazan un escenario político y judicial cargado de interrogantes. Mientras la sociedad y los partidos esperan la evolución de las investigaciones, la apelación a la prudencia, la protección de garantías procesales y la demanda de transparencia en la gestión de fondos públicos se mantienen como puntos centrales del debate.
