Una trama documental presuntamente diseñada para cubrir pagos complica la investigación sobre 53 millones de euros
El auto del magistrado José Luis Calama enmarca la llamada Operación Tíbet como una pesquisa que detecta una práctica recurrente: la emisión de facturas falsas o confeccionadas con fines distintos al de documentar servicios reales. Según la resolución, parte de la estructura investigada habría utilizado estas facturas para ofrecer una apariencia documental que respaldara movimientos de dinero difíciles de justificar por vías habituales.
En el centro del expediente aparece la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea, y los investigadores describen conversaciones intervenidas que, a su juicio, muestran coordinación previa entre emisores y receptores de esos documentos.
Los actores y los mensajes intervenidos
El auto identifica a varios protagonistas: el empresario Julio Martínez Martínez, considerado nodo de la red, y personas vinculadas al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas María Gertrudis Alcázar y Judith Laure Wells. Comunicaciones entre estos interlocutores y el directivo Cristóbal Cano detallan cómo se discutían importes, conceptos y fechas. Mensajes donde se sugiere «ajustaremos la factura» o «podemos ir consensuando los conceptos» son interpretados por la instrucción como indicios de una elaboración a medida de documentación mercantil, no como reflejo de prestaciones efectivas.
Cómo se describe la mecánica
Para el juez, la mecánica no sería la habitual: la factura no brotaría de la prestación de un servicio, sino que se articularía posteriormente con la participación coordinada de las partes implicadas. En los correos intervenidos aparece, por ejemplo, la petición de confirmar si una factura «está ok» o si debe incrementarse el importe antes de ser enviada firmada. Ese patrón operativo —según el auto— tiene por objetivo dotar de cobertura formal a pagos que de otro modo resultarían difíciles de justificar administrativamente.
Red societaria y flujos financieros
La resolución judicial detalla transferencias desde Plus Ultra a la empresa Caletón Consultores SL, que recibió alrededor de 1,16 millones de euros entre 2026 y 2026, supuestamente justificadas como «comisiones por operaciones chárter». Parte de esos fondos habrían circulado posteriormente hacia otras sociedades del mismo grupo empresarial sin una causa económica acreditada o bajo contratos cuya gestión presenta elementos atípicos, como ocurre —según el auto— con Iot Domotic Europe y Voli Analítica. Esa movilidad de recursos orienta la investigación hacia la finalidad y la regularidad de la operativa descrita.
Contratos a medida y terminología borrada
Entre los documentos intervenidos aparece un borrador contractual con una cláusula en la que se buscaba eliminar la palabra «comisión». El juez interpreta esa instrucción como muestra de una estrategia para camuflar pagos mediante denominaciones alternativas, vinculándolos a supuestos servicios de asesoramiento con la intención de ocultar la verdadera naturaleza económica de las operaciones. Ese mismo patrón se repite en otras sociedades investigadas, reforzando la hipótesis de una arquitectura documental diseñada para facilitar la canalización de fondos.
Indicios adicionales y consecuencias políticas
La instrucción recoge también comunicaciones relacionadas con la confección de facturas que adaptan fechas y conceptos, lo que, según el auto, permitiría deducir la elaboración deliberada de documentación para respaldar pagos. Entre las interacciones aparece el nombre de Julio Martínez Sola y referencias a la familia de antiguos propietarios de la aerolínea, como la esposa de Rodolfo Reyes, lo que amplía el mapa de contactos examinados. Al margen de las pruebas que puedan consolidarse en el proceso, la causa plantea preguntas sobre el control del gasto público y la transparencia en la gestión de ayudas.
El expediente sigue su curso y la investigación mantiene partes aún bajo secreto. Mientras tanto, la descripción contenida en el auto de José Luis Calama sitúa en el foco a una práctica documental que, de acreditarse, transformaría movimientos contables en soporte formal para transferencias controvertidas. La tensión entre la labor judicial, la atención mediática y las implicaciones políticas continúa, pero el eje de la causa permanece en el análisis técnico de las facturas, los contratos y la cadena de responsabilidades detrás de cada movimiento financiero.
