El Congreso dio el primer paso para bajar los umbrales que permiten constituir un grupo parlamentario, una decisión que abre debate sobre representación, préstamos de diputados y equilibrio entre grandes y pequeños partidos
El pleno del Congreso aprobó el 26 de mayo de 2026 la toma en consideración de una iniciativa que modifica el Artículo 23 del Reglamento de la Cámara, lo que supone el arranque de una reforma destinada a rebajar los requisitos para que una formación tenga grupo parlamentario propio.
La propuesta fue presentada por diputados de ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís y contó con el apoyo del PSOE y otros socios de investidura, superando el trámite inicial con 178 votos a favor y 171 en contra. El debate público ha puesto encima de la mesa no solo cifras y reglas, sino también tensiones políticas entre mayorías y minorías.
La iniciativa busca adaptar normas vigentes desde 1982 para facilitar que fuerzas con presencia territorial o apoyo disperso puedan acceder a recursos, tiempo de intervención y puestos en órganos parlamentarios. Sus promotores sostienen que así se acerca el funcionamiento de la Cámara a la realidad del mapa electoral, mientras que los partidos contrarios advierten de posibles ventajas estratégicas y de una modificación con motivaciones partidistas. En el corazón del conflicto están los umbrales numéricos: cuántos escaños y qué porcentaje de voto exige la normativa para formar un grupo que goce de derechos diferenciados frente al Grupo Mixto.
Qué prevé cambiar la reforma
La redacción propuesta reduce los porcentajes que actualmente fija el Reglamento para las formaciones que no alcanzan los 15 diputados exigidos como primera vía. Hoy se establecen dos alternativas: obtener al menos cinco escaños y superar el 15% de los votos en las circunscripciones donde se concurre, o alcanzar el 5% a nivel nacional. Bajo la nueva ley estos umbrales bajarían al 10% por provincia y al 3% a escala estatal. Para sus impulsores, estos parámetros reconocen a fuerzas con apoyo territorial significativo o con respaldo repartido, permitiéndoles acceder a las mismas herramientas de parlamentarismo institucional que disfrutan los grupos mayores.
Requisitos actuales y prácticas precedentes
El Artículo 23 del Reglamento, vigente desde 1982, fija la estructura legal que regula la creación de grupos. En la práctica, cuando las cifras no se alcanzan, los grandes partidos han recurrido a la cesión temporal de diputados para que formaciones menores constituyan su propio grupo y reciban los beneficios administrativos y económicos asociados. En la legislatura de 2026, por ejemplo, Sumar prestó dos diputados de En Comú para que ERC cumpliera el requisito en determinadas provincias, y el PSOE facilitó diputados a Junts en Barcelona y Tarragona; una vez validados los grupos, esos escaños volvieron a sus filas originales.
La propuesta en detalle
Los firmantes sostienen que la modificación no impide futuras cesiones, pero busca que la necesidad de recurrir a préstamos sea menor. Al fijar el umbral en cinco diputados más el 10% provincial o el 3% nacional, la iniciativa pretende garantizar a las formaciones con apoyo localizado o disperso un grado de autonomía y representación más estable. Además, el texto subraya que tener grupo propio implica poder presentar proposiciones de ley, obtener plazas en comisiones, disponer de más tiempo de intervención y acceder a ayudas económicas y personal que facilitan la labor parlamentaria.
Reacciones desde los distintos bloques
El PSOE defendió su apoyo calificando la reforma de necesaria y de establecimiento de reglas «claras y transparentes»; Joaquín Martínez Salmerón recordó precedentes en los que se habían facilitado soluciones para grupos minoritarios. Por su parte, el PP y Vox votaron en contra y acusaron a los socios del Gobierno de utilizar la reforma como pago político o blindaje ante una posible pérdida de apoyo. José Antonio Bermúdez (PP) calificó la maniobra de «chantaje», y Ignacio Gil Lázaro (Vox) habló de una oportunidad aprovechada por los aliados del Ejecutivo cuando consideran que su respaldo es indispensable.
Apoyos y argumentos a favor
Los partidos que impulsan la norma, incluidos ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís, defienden que la reforma reduce la distancia entre la vida parlamentaria y la realidad electoral; Javier Sánchez Serna (Podemos) señaló que facilita que formaciones con un apoyo «significativo» tengan voz propia. El PNV ha mostrado respaldo al entender que refleja la pluralidad ideológica del país, y partidos territoriales sostienen que la medida refuerza la capacidad de representación de asuntos locales en los debates nacionales.
Proceso legislativo y posibles efectos
Tomada en consideración la iniciativa, el siguiente paso es que pase a ponencia y comisión donde se tramiten enmiendas y se negocien redacciones. Al tratarse del régimen de los grupos parlamentarios, se trata de una modificación que requiere mayorías y del debate técnico sobre su alcance. Sus partidarios confían en concluir la tramitación antes del cierre del periodo de sesiones previsto para junio, mientras los críticos advierten de cambios que podrían alterar el reparto de recursos y tiempo en el hemiciclo. En cualquier caso, la reforma plantea una revisión del equilibrio entre eficiencia institucional y pluralidad representativa en el Congreso.
