El Ejecutivo reafirma su confianza en Zapatero y apuesta por gobernar en minoría frente a las peticiones de adelanto electoral
En la tarde del 26/05/2026 el Ejecutivo dejó claro que no cederá a las demandas de fin prematuro de la legislatura tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra. Desde la Moncloa, el ministro y líder socialista madrileño Óscar López trasladó que el gabinete seguirá impulsando su agenda pese al aumento de la presión política y mediática; una postura alineada con la convocatoria del Consejo de Ministros que continuó tramitando iniciativas relevantes.
La respuesta oficial combina la defensa de la presunción de inocencia con la intención de no anticipar comicios: la portavoz Elma Saiz y otros miembros del Gobierno recalcaron la necesidad de mantener la estabilidad para terminar la legislatura. En paralelo, la instrucción judicial ha obligado a reordenar agendas: la declaración prevista de Zapatero, inicialmente citada para el 2 de junio, fue aplazada y ahora figura para los días 17 y 18 de junio, según resolvió la Audiencia Nacional tras estudiar la petición de la defensa.
La estrategia del Ejecutivo
El Ejecutivo apuesta por gestionar la crisis sin renunciar a sus proyectos clave. En ese marco se aprobó un proyecto de ley orgánica sobre inteligencia artificial, norma que requiere de una mayoría absoluta en el Congreso y que ejemplifica la intención gubernamental de seguir legislando aunque sea en minoría. Óscar López subrayó que el Gobierno está habituado a gobernar sin mayoría y que la alternativa no es plegarse sino negociar para sacar adelante leyes, invitando además a los grupos que sostienen la investidura a desbloquear iniciativas estancadas.
Reacciones políticas y presión de los aliados
La imputación ha tensado las relaciones con socios y aliados. Formaciones como el PNV y Coalición Canaria pidieron valorar un adelanto electoral, postura que también expresaron figuras socialistas como Felipe González o Emiliano García-Page. El Gobierno, sin embargo, rechazó esas peticiones y defendió que la decisión sobre las urnas corresponde al presidente. En declaraciones en el Senado y en el Congreso, varias voces del PP y de Vox intensificaron su ofensiva política pidiendo responsabilidades y explicaciones.
Aliados críticos y el desafío interno
En el seno del PSOE y entre sus apoyos parlamentarios se percibe inquietud por el impacto en las municipales y autonómicas. Aun así, fuentes socialistas admiten que la prioridad es «aguantar el chaparrón» y dejar que la justicia avance; mantienen la defensa de Zapatero y reclaman que las decisiones políticas no anticipen el resultado del proceso judicial. La petición de algunos alcaldes socialistas de que Sánchez concurra pronto a las urnas choca con la insistencia oficial en agotar la legislatura.
Presiones desde la oposición
El PP y Vox han trasladado la polémica a las cámaras: desde el Senado el PP impulsó iniciativas para reprobar al Gobierno y exigir explicaciones, y Vox aludió a supuestas «sombras» sobre el préstamo a Plus Ultra por supuestas conexiones con Venezuela. La oposición también presionó para que el PSOE suspenda de militancia a Zapatero, mientras que algunas formaciones reclamaron al Gobierno una cuestión de confianza o la convocatoria de elecciones anticipadas.
El sumario y la dimensión judicial
Las diligencias judiciales han aumentado la complejidad del escenario político. El sumario del caso incorpora cientos de archivos —según fuentes públicas, en torno a 700 ficheros con miles de páginas— y dos informes de la UDEF que describen la supuesta trama de tráfico de influencias. Además, el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude señala pagos por parte de administraciones autonómicas a sociedades vinculadas al presunto entramado, un dato que alimenta el debate público y mediático.
Ante la magnitud documental, la defensa de Zapatero pidió más tiempo para estudiar el contenido, lo que motivó el aplazamiento de su comparecencia hasta los días 17 y 18 de junio. Mientras tanto, en el Ejecutivo insisten en dejar que la investigación judicial siga su curso sin interferencias políticas y en afirmar su confianza en la inocencia del expresidente, al tiempo que preparan la agenda legislativa que consideran imprescindible para mantener la estabilidad y las reformas pendientes.
