Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha emitido un comunicado negando todas las acusaciones de corrupción en su contra, asegurando que las investigaciones buscan destruir su reputación.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdánha emitido un comunicado en el que niega categóricamente todas las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Según Cerdán, las investigaciones judiciales no buscan esclarecer delitos, sino destruir el prestigio y la honorabilidad de personas consideradas molestas por ciertos sectores del Estado.
Cerdán, quien fue una figura clave en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de utilizar una metodología inversa en sus investigaciones. Según él, la UCO no investiga hechos concretos para luego buscar responsables, sino que selecciona objetivos y luego dirige operaciones contra ellos con el fin de encontrar algo que pueda dañar su imagen pública.
Las acusaciones y la defensa de Cerdán
El juez de la Audiencia NacionalSantiago Pedrazsitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en casos que afectan al PSOE y al Gobierno. Cerdán niega rotundamente esta acusación y afirma que no existe ninguna comunicación que lo vincule con el grupo Hirurokdel que formarían parte Leire Díezel expresidente de la SEPIVicente Fernándezy el empresario Antxón Alonso.
La UCO sospecha que Alonso ocultaba la titularidad real de la empresa Servinabar a nombre de Cerdán. Sin embargo, Cerdán argumenta que no hay pruebas directas que lo vinculen con estos hechos. Según la UCO, Cerdán se protegía con borrados automáticos de conversaciones, pero Díez relataba a Fernández lo que le decía Cerdán, lo que permitió a los investigadores descifrar sus órdenes de manera indirecta.
El caso Leire Díez y la presunta trama con el PNV
Uno de los informes de la UCO incorporados al sumario del caso sobre presuntos amaños en varios contratos adjudicados por la SEPI apunta que la presunta trama del caso Leire Díez medió con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para impulsar el rescate de 112,8 millones de euros concedido a la empresa Tubos Reunidos.
Según la UCO, el grupo de mensajería Hirurok, del que formarían parte Cerdán, Díez, Fernández y Alonso, llevó a cabo acciones para el otorgamiento de la ayuda económica a Tubos Reunidos, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Los investigadores infieren que las acciones desarrolladas por el grupo consistieron en su intermediación con algún miembro del PNV, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda.
Tras la concesión efectiva de la ayuda, la UCO identificó una segunda operativa entre 2026 y 2026 con el objetivo de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Cerdán. En concreto, la Guardia Civil constató un encuentro celebrado en noviembre de 2026 en el despacho de Cerdán en la sede socialista de la calle de Ferraz, en la que habrían participado el propio ex ‘número tres’ del PSOE, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos.
La respuesta de Cerdán a las acusaciones
Cerdán ha recalcado que en la causa que investiga el juez Arturo Zamarriego en los juzgados de Plaza de Castilla sobre presuntas maniobras de Leire Díez, después de meses de instrucción, en ningún momento se planteó cambio de su estatus procesal. Además, recrimina que este procedimiento haya sido ampliamente publicado y publicitado, constando incluso las declaraciones en YouTube.
El exsecretario de Organización socialista ha puesto de manifiesto que a día de hoy nadie le ha dado una explicación del motivo de la necesidad y legalidad de una segunda investigación paralela, en referencia a la causa que dirige el magistrado Pedraz. Cerdán ha subrayado que fue citado como testigo en la otra causa y que no se ha probado la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros, un año después, no ha sido emitido todavía por la UCO.
En resumen, Santos Cerdán mantiene su inocencia y denuncia lo que considera una campaña para dañar su reputación, asegurando que las investigaciones no buscan esclarecer delitos, sino destruir a personas consideradas molestas por ciertos sectores del Estado.
