La relación entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un punto crítico, con consecuencias significativas para la estabilidad política.

La relación entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido siempre una montaña rusa, pero en los últimos meses ha alcanzado niveles de tensión sin precedentes. Desde que facilitó su investidura en 2026, Junts ha demostrado ser un socio impredecible, lo que ha convertido las votaciones parlamentarias en un verdadero desafío para el PSOE.
La hostilidad entre la formación de Carles Puigdemont y el Ejecutivo se ha intensificado, especialmente después de que rompieran relaciones en octubre de 2026. En los últimos meses, Junts ha votado en contra del Gobierno en varias ocasiones y ha pedido formalmente la convocatoria de elecciones.
La ruptura definitiva
Esta semana, Junts dio un paso más en su distanciamiento del Gobierno. Junto al PPpresentaron una enmienda a una moción de los populares en el Congresopidiendo oficialmente a Sánchez la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de elecciones. La enmienda argumentaba la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y su incapacidad de salir de la situación de bloqueo.
La Mesa del Congresopresidida por la socialista Francina Armengolvetó las enmiendas de ambos partidos, argumentando que invadían competencias de la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, la moción del PP se votó y salió adelante con los apoyos de PPVoxJunts y la abstención del PNV. Así, la mayoría de la Cámara Baja ratificó la situación de extrema debilidad del Gobierno y manifestó su rechazo a una legislatura que consideran muerta.
El papel del PNV
El PNV lleva tres semanas pidiendo elecciones, desde que estallaron los últimos escándalos que afectan al PSOE. Consideran la legislatura acabada por la retirada de apoyos a Sánchez. Sin embargo, a diferencia de Junts, el PNV continúa suscribiendo iniciativas presentadas por el Gobierno y no se ha unido a movimientos como los de Junts esta semana. Tampoco secundarían una hipotética moción de censura que, en todo caso, los posconvergentes tampoco valoran.
Conflictos previos
No es la primera vez este año que Junts se posiciona en contra del Ejecutivo. En enero, los posconvergentes se unieron a PP y Vox para votar en contra del escudo social a consecuencia de la guerra en Irán. El decreto incluía medidas como la moratoria antidesahucios, el bono social de electricidad y la revalorización de las pensiones.
El Gobierno extrajo la revalorización del decreto y lo sometió a votación un mes después. De nuevo, los tres partidos lo tumbaron por la presencia de la moratoria, a pesar de que se introdujo una modificación a petición del PNV para excluir de la prohibición de desahucio a los propietarios con una sola vivienda en alquiler. En ninguno de los casos los nacionalistas vascos retiraron su apoyo.
El Gobierno renunció entonces a la moratoria antidesahucios y en marzo logró sacar adelante el decreto anticrisis con el apoyo de Junts, que arrancó su compromiso de trasponer la directiva europea 2026/285que permite eximir del IVA a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha aplicado esta medida, lo que ha contribuido a aumentar el enfado de Junts en las últimas semanas.
En abril, Junts también se posicionó en contra del Gobierno cuando ayudó a aprobar la proposición de ley de suelo del PP. La norma, ahora en tramitación parlamentaria, plantea acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico y permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas okupadas. También deroga varios preceptos de la ley de vivienda de 2026, impulsada por el Ejecutivo.
En el mismo mes, los posconvergentes rechazaron la convalidación del decreto de la prórroga de los alquileres impulsado por Sumar en el seno del Gobierno. Sin embargo, se abrieron a apoyar una futura propuesta que incluyese algunas reivindicaciones como deducciones fiscales a propietarios y que a cambio el PSOE aplicase de una vez la exención del IVA a los autónomos.
Con el decaimiento de las medidas del escudo social el 30 de junio, el Gobierno deberá poner a prueba una vez más el apoyo de Junts con la convalidación de un nuevo decreto que ha anunciado que aprobará en el Consejo de Ministros del 29 de junio. A esto se une el mayor examen al que tiene previsto someterse el Ejecutivo: la presentación de unos Presupuestos que ya ha prometido en otras ocasiones y no ha acabado llevando al Congreso de los Diputados.
En noviembre de 2026, todavía con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, el Ejecutivo presentó la senda de déficit, paso previo para llevar a la Cámara Baja las Cuentas de 2026. El Gobierno no consiguió sacarla adelante. Junts unió sus votos a PPVox y UPNmientras el PNV dio su sí al proyecto.

