El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han sido condenados a penas de prisión por su participación en una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García condenándolos a 24 años y 19 años y ocho meses de prisión, respectivamente, por su participación en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
El empresario Víctor de Aldama también recibió una condena de cuatro años y medio aunque la ejecución de su pena fue suspendida debido a su colaboración con la justicia.
La sentencia, adoptada por unanimidad, subraya la gravedad de los delitos cometidos y su impacto en la confianza ciudadana en el sistema político.
Los acusados fueron encontrados culpables de organización criminalcohechomalversación y tráfico de influencias entre otros delitos. El tribunal destacó que la corrupción socava la arquitectura democrática del Estado y provoca un grave deterioro de la confianza ciudadana.
Los hechos probados por el Tribunal Supremo
El tribunal consideró probados varios bloques de hechos. Uno de los más relevantes fue la adjudicación de un contrato para el suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama. Además, se probó el pago de una remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos del exministro.
La sentencia también dio por probados los enchufes de dos personas vinculadas a Ábalos en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. En concreto, la contratación de su expareja Jessica Rodríguez en Ineco y Tragsatec y de Claudia Montes en LogiRail. Además, se acreditó el pago de un piso en Plaza de España para Rodríguez por parte de un testaferro de Aldama.
Los chalets de Marbella y Cádiz
El Tribunal Supremo consideró acreditado que el alquiler de los chalets de Villa Parra en Marbella y La Alcaidesa en Cádiz fueron contraprestaciones para Ábalos y su mano derecha por las gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa para el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos a Villafuel empresa vinculada a Aldama.
El juicio y las declaraciones
El juicio quedó visto para sentencia el 6 de mayo después de una veintena de sesiones en las que se reconstruyó la hoja de ruta del concierto de voluntades acordado entre Ábalos, Koldo y Aldama para obtener beneficios económicos a cambio de favorecer a las empresas vinculadas al comisionista. Durante el juicio, Ábalos se proclamó víctima de un juicio paralelo y negó todos los cargos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil definió al trío como un triángulo en el que cada uno ocupaba su lugar y cumplía su función, con el empresario que paga y exige, el asesor que canaliza y el exministro que abre las puertas. Las acusaciones y la Fiscalía situaron a Ábalos en el vértice más alto de la estructura, como la figura sin la cual no se explicaría el acceso al núcleo de decisiones del Ministerio.
La sentencia del Tribunal Supremo marca un hito en la lucha contra la corrupción, subrayando la importancia de mantener la integridad en las instituciones públicas y la necesidad de transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
